Santiago de Chile (EFE).- Casi 130 mil consumidores en Chile se han sumado a una demanda colectiva en el país en contra del gigante tecnológico Apple, al que acusan de causar un perjuicio por la «obsolescencia programada» de sus dispositivos móviles.

Según informó este martes la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), el incremento de usuarios que se han inscrito como parte demandante ha superado todos los récords en este tipo de acciones legales en Chile.

«Un éxito sin precedentes», calificó el presidente de Odecu, Stefan Larenas, la campaña contra la empresa estadounidense, que apenas lleva abierta cinco días.

«La fuerza colectiva de esta demanda le debe dejar claro a los proveedores que infringen la ley que se acabó el tiempo de abusar abiertamente o mediante artimañas tecnológicas de la inocencia, buena voluntad, temor o incluso desidia de los consumidores», acotó Larenas.

La demanda colectiva responde al reconocimiento de Apple de haber ralentizado algunos modelos antiguos con el argumento de preservar la duración de su batería.

Sin embargo, desde Odecu apoyaron su postura en que diversos modelos del teléfono iPhone «presentaban un funcionamiento deficiente, sea por sufrir apagados intempestivos o por mostrar un funcionamiento más lento».

El abogado de la parte demandante, Juan Sebastián Reyes, expresó en el mismo comunicado que piden al tribunal que «se reparen todos los iPhone que están señalados en la demanda y que han tenido los problemas de ralentización».

«Si no se pueden reparar o el arreglo es costoso -continuó Reyes- le pedimos al tribunal que se ordene una indemnización a los consumidores que consiste en la recompra de los aparatos al valor de mercado que estos tengan ahora».

En ese sentido, también destacó que solicitaron otra indemnización por «la pérdida de tiempo que tuvieron los consumidores debido a la ralentización del dispositivo» y que equivaldría a 126 mil pesos (193 dólares).

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump nominará a David Malpass, un crítico del Banco Mundial, para dirigir la institución, informó una fuente oficial.

Se anticipa que Trump hará el anuncio en los próximos días. La fuente pidió no ser identificada por no estar autorizado a hacer declaraciones sobre asuntos de personal.

El actual subsecretario de asuntos internacionales del Departamento del Tesoro ha sido un mordaz crítico del Banco Mundial, un organismo de 189 miembros que es una fuente principal de fondos para el desarrollo económico. Una de sus misiones es ayudar a combatir la pobreza en los países en desarrollo.

Malpass es partidario de limitar su alcance financiero y en particular los préstamos a China, uno de los mayores beneficiarios de la ayuda del banco.

La decisión final sobre quién sucederá a Kim estará en manos de la junta directiva del BM. Si éste lo aprueba, estará en condiciones de reestructurar una institución que, según él, se ha concentrado más en su propia expansión que en los intereses de los países pobres.

La postulación de Malpass es congruente con la tendencia del gobierno de Trump de designar al frente de instituciones a personas que han cuestionado públicamente las misiones centrales de éstas.

Malpass, de 62 años, ha estado a la vez en los más altos niveles del gobierno y Wall Street. Fue colaborador de los gobiernos de Ronald Reagan y George H.W. Bush y economista jefe del ahora extinto banco Bear Stearns. En 2010 se postuló infructuosamente a la candidatura republicana a una banca en el Senado por Nueva York.

Sus pronósticos públicos, que evidentemente responden a sus inclinaciones políticas, han sido erróneos en varias ocasiones.

En 2007 escribió en una columna de opinión del Wall Street Journal que la “economía está fuerte y tendrá un crecimiento sólido en los próximos meses, y quizás años”. Meses después, Estados Unidos cayó en la crisis y recesión más grave desde la Gran Depresión de los años de 1930.

Reemplazaría a Jim Yong Kim, quien en enero anunció que abandonará el cargo tres años antes de la conclusión de su mandato.

La noticia sobre el nombramiento de Malpass inicialmente fue publicada por el portal Politico.

El Infonavit lanzará un programa para atender a un universo de alrededor de 200 mil personas que cuentan con un crédito que se ha vuelto impagable, a fin de que noten un descuento tangible en su saldo, aseguró el director general del instituto, Carlos Martínez Velázquez.

Recordó que hasta 2016 los créditos estaban indexados al salario mínimo, por lo que el saldo total de la cuenta se actualizaba cada vez que crecia el mínimo, más una tasa nominal.

Esto generaba una tasa de casi del 11 por ciento, sin embargo, los salarios de las personas se quedaban constantes nominalmente, resaltó en entrevista con Notimex.

De acuerdo con el director del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la mayoría de la gente paga sus créditos, ya que la cartera vencida es de 5.6 por ciento, muy competitiva, sobre todo si se toma en cuenta que dan crédito a las personas que no toman en cuenta otras instituciones.

“No tenemos problema de impago, pero si hay ciertas personas que tuvieron estos créditos caros y no les creció el salario, es un problema que tenemos y que hay que reconocer, es un problema estructural de la economía, no es algo malo que haya hecho el Infonavit”, afirmó.

Y es que, de los 5.5 millones de créditos otorgados, 3.9 siguen en el esquema de salario mínimo; por lo que el programa tiene que ver en cómo ayudar a los que menos tienen y en los que más lo necesitan, para que puedan acabar de pagar sus créditos.

“Sobre todo que vean que hay un descuento en su saldo, estamos afinando los detalles… Es muy importante, pues vamos a atender a un universo cercano a los 200 mil trabajadores”, aseguró Martínez Velázquez.

El director del Infonavit expuso que el año pasado se colocaron 544 mil créditos, por lo que la meta para 2019 es de 527 mil, cifras que vienen de un proceso inercial de planeación de la institución y que discutirán en su próxima asamblea.

Martínez detalló que de los créditos hipotecarios en 2018, alrededor del 30 por ciento se fueron para trabajadores que ganan menos de 2.5 salarios mínimos, así como un 30 por ciento para un segmento salarial más alto, segundos créditos o cofinanciamientos.

“Lo que creemos es que muchas personas que están en el rango salarial más bajo no necesariamente les gusta la oferta de vivienda que hay en el país, y por eso hay un gran rezago en el sur y sureste”, anotó.

En ese sentido, comentó que hay una parte de la población que no ha encontrado una buena herramienta para financiar su necesidad de vivienda, por eso una de las cosas que impulsarán en esta administración será la autoconstrucción en terreno propio.

Recordó que se intentó hacer un programa piloto que otorgó 73 crédito de autoconstrucción, “prácticamente nada, estamos analizando este programa, en qué áreas lo podemos aplicar para efectivamente combatir el rezago habitacional”.

Mientras que en las zonas donde el modelo de vivienda tradicional de grandes desarrollos sea atractivo, continuarán colocando los créditos cómo se hace en la actualidad, porque todo debe ser con base en el trabajador.

Respecto a las casas abandonadas, dijo que se tiene que analizar caso por caso, para ver que proyectos pueden recuperarse, ser atractivas y volverse a vender, así como las que no son viables, ya que las subastas estaban mal diseñadas.

“Hay un problema de abandono de vivienda grave, en el último año se detectaron 58 mil casas, eso se suma a la parte histórica que tenemos de 250 mil casos jurídicos que se están litigando de casas abandonadas, en el balance segregado otras 214 mil viviendas”.

En este sentido, comentó que muchos de esos desarrollos nunca se debieron de haber construido porque, en algunos casos estaban en zona de riesgo o había convenios de servicios provisionales que nunca llegaron.

“Creo que los concursos estaban mal diseñados, porque algunos polígonos estaban en medio del abandono, se tiene que buscar un nuevo de modelo de negocios que permite la recuperación entera del entorno”, agregó.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se amparó para evitar dar a conocer cualquier tipo de información que involucre a su dirigente, Carlos Romero Deschamps.

Por medio del juicio de amparo 42/2019 con fecha del 24 de enero de 2019, el sindicato consiguió una suspensión definitiva en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en momentos en que se cuestiona a su secretario general.

La suspensión definitiva, avalada por la juez Blanca Lobo Domínguez, abarca todo tipo de información que tenga que ver con convenios o apoyos económicos que el sindicato haya recibido de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Tras una solicitud de información de un particular, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, relacionada con los convenios que Pemex ha firmado con el STPRM desde 2013, la Dirección Jurídica de la petrolera respondió que «Pemex se encuentra impedido legalmente para entregar la información requerida».

Refirió que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México notificó que el sindicato petrolero promovió el juicio de amparo 42/2019 contra los actos del subgerente de Gestión Gubernamental dependiente de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Pemex «por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales y garantías previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».

Asimismo, el representante legal del sindicato petrolero argumenta que «los daños y perjuicios que se ocasionarían a mi representado con la entrega de la información solicitada serían definitivamente irreparables».

Apenas el pasado 3 de febrero trascendió que el secretario general del STPRM fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta relación con las tomas clandestinas efectuadas en los ductos de Pemex.

La denuncia penal fue interpuesta por Jorge Fuentes García y Aarón Hernández Jarillo, integrantes de la Alianza Petrolera, la cual quedó inscrita en el expediente 2017116FUGJFA.