La experta en Telecomunicaciones, ex integrante del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Aleida Calleja Gutiérrez, tomó protesta como la nueva directora general del Instituto Mexicano de la Radio (Imer).

Quien fuera presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) e integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, dijo que el sistema de radio pública será «discreto» y trabajará para garantizar el derecho a la información de los mexicanos.

Durante la primera sesión extraordinaria 2019 de la Junta de Gobierno del instituto, Calleja Gutiérrez pidió el acompañamiento del gobierno federal, de sus instituciones y de la sociedad civil, «para el crecimiento y fortalecimiento del sistema de radio pública más importante del país y de América Latina».

El Imer es considerado como el mayor grupo radiofónico del Estado, con 18 emisoras (17 radiofónicas y 1 por internet), de las cuales 8 se encuentran en la Ciudad de México y 10 en el resto del país, con una cobertura geográfica de 39.3 millones de personas.

De las 17 emisoras radiofónicas, 13 transmiten en FM y cada una de ellas cuenta con los canales digitales HD1, HD2 y HD3 lo que suma 39 canales digitales, y el resto de las emisoras transmiten en AM.

Calleja Gutiérrez es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y maestra en Democracia y Derechos Humanos la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO México).

Fue directora y fundadora de la radio indigenista en la sierra norte de Puebla; asesora de proyectos de comunicación con mujeres refugiadas guatemaltecas en Chiapas; profesora del seminario Identidades y Globalización en la Universidad internacional de la Mujer en Hamburgo, Alemania; vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc) y directora del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación para América latina y el Caribe, y presidenta de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), entre otros cargos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó como nuevo consejero de la Judicatura Federal al magistrado Alejandro Sergio González Bernabé.

El ahora consejero se integrará a partir del martes próximo cuando se realizará una sesión conjunta en la que los plenos del CJF, la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación darán la bienvenida González Bernabé, quien ocupará el lugar que ayer dejó el consejero José Guadalupe Tafoya.

Este es el primer relevo de los cinco que se tienen contemplados para este año en el CJF, aún falta que la Corte designe otro más.

En tanto, corresponderá al Senado de la República designar otros dos consejeros y el quinto será nombrado directamente por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la madrugada de este jueves, tres hombres que se encontraban en una estación de gasolina ubicada en la comunidad de San Miguel Xometla, fueron baleados por un grupo de sujetos armados; dos de ellos murieron y el otro resultó herido, informaron fuentes policiales.

Las tres víctimas, quienes viajaban a bordo de una camioneta Jeep, color azul, se detuvieron aproximadamente a las 3 de la mañana en la gasolinera localizada en el kilómetro 17 +300 de la autopista México-Pirámides porque la unidad aparentemente se les descompuso.

Levantaron el cofre para detectar la falla en el motor cuando arribaron en otro vehículo varios hombres armados y les dispararon. En el sitio del ataque quedaron los cuerpos sin vida de dos de los que iban en la Jeep.

Después de que los balearon los responsables huyeron en la unidad en la que viajaban sobre la autopista México-Pirámides.

Al tercer hombre lo dieron por muerto los sicarios, pero pudo sobrevivir y fue trasladado a un hospital para su atención.

Una de las víctimas mortales vestía chamarra color rojo, pantalón y tenis color negro. La otra portaba una chamarra color negro con franjas blancas y tenis color blanco.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Federal pero no encontraron a los responsables del doble homicidio. Más tarde llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para iniciar la investigación del ataque.

Los cadáveres de los dos nombres, sin identificar, fueron trasladados al servicio médico forense.

Castigo de cinco a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización (UMA) al servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación de negocios o resoluciones públicas ajenas a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, propuso el diputado Nazario Norberto Sánchez.

El legislador por Morena subió a tribuna para señalar que de acuerdo con el informe de la organización Transparencia Internacional, denominado «Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe», México evidencia los más graves índices de corrupción en la prestación de servicios públicos, en particular, en el caso de escuelas, atención de la salud y documentación personal, en un porcentaje que varía del 33 a 39 por ciento.

Refirió que el país se encuentra en el grupo de naciones con peores resultados dentro del estudio aludido, lo que implica riesgos reales sistémicos.

Destacó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), 15 por ciento de los mexicanos que tuvo contacto con algún funcionario dijo haber sido víctima de al menos un acto de corrupción.

Aunado a lo anterior, dicha cifra aumentó desde 2013, año en el que sólo 12.1 por ciento de los encuestados manifestó haber atestiguado, al menos, un acto de corrupción. De igual forma, 5.4 por ciento de los establecimientos comerciales denunciaron haber sufrido conductas relacionadas con la corrupción en 2017.

Aclaro que la corrupción de los servidores públicos ha sido una constante en el debate público de los últimos años. La «casa blanca», Odebrecht y la «estafa maestra» son ejemplos de incidentes ligados con la corrupción que han sido discutidos por la opinión pública.

Recordó que si bien es cierto que en la actualidad el tráfico de influencias se encuentra tipificado en el artículo 271 del Código Penal del Distrito Federal, con una pena de prisión de dos a seis años, la propuesta pide incrementar la pena de dicho delito a efectos de establecer que el tráfico de influencias será sancionado con una penalidad de cinco a 10 años de prisión.

«Ello implica el incremento de la sanción tanto mínima como máxima. Lo anterior, no sólo proyecta una medida jurídica de rigor respecto a la conducta punible, sino además envía un fuerte mensaje sobre la postura de este Congreso respecto al uso de la influencia del cargo para beneficio propio», precisó.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 20/2019 por la violencia obstétrica contra una mujer y su bebé, quien falleció al nacer en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El organismo informó que dicha recomendación se deriva de la falta de vigilancia estrecha del personal médico y de enfermería, que no atendió la demanda de ayuda de la paciente.

Tras su investigación, la CNDH acreditó que personal médico del hospital incurrió en responsabilidad durante el desempeño de sus funciones, provocando con ello violaciones a los derechos humanos de la madre y su hijo.

De acuerdo con la queja de la mujer, no recibió la atención adecuada durante el parto, a pesar de presentar diabetes gestacional, embarazo de alto riesgo y cesárea previa, lo que, en su opinión, derivó en el fallecimiento de su recién nacido.

La mujer de 26 años tenía un embarazo de 27.5 semanas cuando acudió a atención prenatal al Hospital de Pemex, donde se le diagnosticó gestación de alto riesgo y para evitar complicaciones, se le ofreció la colocación de una «sonda de doble balón» para inducir el parto de manera programada, procedimiento que se intentó cuatro ocasiones sin éxito.

Posteriormente, al llegar a las 39.5 semanas, luego de realizarle un ultrasonido y observar que el producto estaba en buenas condiciones, le administraron media pastilla de «misoprostol» para inducir el parto.

Al llegar la media noche, la mujer presentó contracciones muy fuertes y dolorosas sin ser atendida, se constató que después de la pastilla no fue vigilado el desarrollo de los efectos del medicamento por más de tres horas.

Al día siguiente se indicó una cesárea urgente, pero tardaron todavía una hora más para que fuera practicada a pesar de ser una urgencia, por lo que al nacer, el niño presentó sufrimiento y asfixia fetal y fue ingresado al área de Terapia Intensiva.

Sin embargo, y a pesar de estar en el Área de Cuidados Intensivos Neonatales, finalmente perdió la vida como consecuencia del choque cardiogénico, encefalopatía, cardiomiopatía isquémica y asfixia del nacimiento severa, según su acta de defunción.

Por ello, la CNDH solicita al citado nosocomio reparar integralmente el daño a la madre y padre del niño fallecido e inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

El gobierno de México invitará de nuevo a un equipo de expertos internacionales para que investigue el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, informaron el miércoles las autoridades.

El caso será puesto de nuevo bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos.

La comisión organizó el grupo anterior de expertos internacionales, quienes difirieron de la principal hipótesis del caso planteada por el anterior gobierno.

Fiscales mexicanos afirman que policías corruptos detuvieron a los estudiantes de una escuela para maestros en el poblado de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero.

Indicaron también que los agentes entregaron a los estudiantes a un grupo narcotraficante que los asesinó e incineró en un incendio enorme. Sin embargo, los expertos afirman que no hay pruebas de que hubo un incendio de esas proporciones.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), El Congreso Nacional Indígena (CNI), el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) condenaron el homicidio del activista Samir Flores Soberanes, dirigente en la comunidad Amilcingo, Morelos, asesinado a balazos a las puertas de su vivienda, la madrugada del martes.

Las tres organizaciones indígenas responsabilizaron del ataque «al mal gobierno y sus patrones», es decir las empresas y sus grupos armados «legales e ilegales», que así pretenden «robarnos, llevarnos la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir».

En un comunicado denunciaron «con dolor y rabia el cobarde asesinato» de Flores Soberanes, uno de los principales opositores del Proyecto Integral Morelos, y además delegado del CNI.

Afirma que, alrededor de las 05:40 horas hombres armados, a bordo de dos vehículos buscaron a Samir, quien al asomar le dieron cuatro balazos, dos de ellos en la cabeza, que minutos después le arrebataron la vida.

Apenas el martes, Samir había expuesto los motivos que tienen los pueblos de Morelos para oponerse al Plan Integral Morelos.

Las razones fueron argumentadas en una actividad organizada por el delegado del «mal gobierno federal» Hugo Erick Flores, quien estuvo en el municipio de Jonacatepec para organizar el foro sobre «la supuesta consulta con la que pretenden imponer» la termoeléctrica de Huexca, Morelos y las obras complementarias «que despojan del territorio y amenazan la vida de toda la región», puntualizaron el EZLN, el CNI y el CIG.

NOTA RELACIONADA: FGR podría atraer investigación

El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió una investigación y castigo a los responsables por el asesinato del activista Samir Flores, opositor de la termoeléctrica la Huexca, Morelos, pero insistió en la consulta sobre esa obra debe continuar.

En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que la Fiscalía General de la República podría atraer la investigación sobre el asesinato de Flores e insistió que no hay que utilizar estos hechos lamentables con fines políticos e ideológicos.

Señaló que respeta los puntos de vista de quienes piden que se suspenda la consulta sobre la termoeléctrica, pero aseguró que la mejor forma de resolver los problemas es consultado a la gente.

«Y el método más adecuado es el democrático que sean los cuidados los que decidan, entonces yo creo que debe de hacerse la consulta y que sean los cuídanos los que decidamos».

El mandatorio destacó que no hay tenerlo miedo a la democracia, no hay que tenerle miedo a la gente, y no estar pensando de que el pueblo necesita tutela, que es menor de edad.

«No hay que estar pensando que el pueblo se va a dejar manipular, si hay algo importante en estos tiempos es que ya cambio la mentalidad del pueblo de México y tenemos un pueblo consciente, más que los expertos, ideólogos, asesores, parlamentarios y los políticos esa es la grandeza del moviendo de transformación que estamos llevando a cabo», dijo.

El Instituto de Transparencia de México dijo el miércoles que la Procuraduría General de la República le dio evasivas por más de un año mientras trataba de investigar el uso de spyware israelí contra periodistas, abogados y activistas por parte del gobierno.

Los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dijeron que apenas esta semana la Fiscalía General de la República (antes PGR) entregó los contratos de compra de licencia de uso para 2016 y 2017 del software Pegasus de NSO Group.

En un principio, la PGR había negado la existencia de los contratos. Posteriormente se rehusó a divulgarlos.

Los comisionados se mostraron incrédulos el miércoles ante la idea de que el gobierno gastaría 32 millones de dólares en el software y luego afirmara que no lo había utilizado. Dijeron que el gobierno les dijo anteriormente que no tenía registros de que el software se hubiera utilizado.

“Cuando yo voy a comprar una cosa es porque la voy a usar”, dijo el comisionado Óscar Guerra Ford.

En el improbable caso de que realmente no se haya utilizado, debería de haber una explicación de por qué algo tan caro _casi el presupuesto anual para el INAI_ fue comprado y no se utilizó, comentó.

“Es evidente que hay algo raro”, dijo Guerra, quien exhortó a la FGR a que esencialmente se investigue a sí misma.

En 2017, el grupo interdisciplinario Citizen Lab publicó una investigación en la que encontró que algunos de los periodistas más destacados de México habían sido blanco de ataques con el spyware. Los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola habían investigado la corrupción del gobierno y presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

También halló evidencia de que los miembros de un equipo internacional de expertos _respaldados por la Organización de los Estados Americanos_ que investigaron la desaparición de 43 estudiantes en México en 2014 también fueron blanco del software.

Citizen Lab, con sede en la Universidad de Toronto, dijo que el software no solo es capaz de acceder a toda la información del teléfono, sino que también puede convertirlo en un dispositivo de espionaje al activar su cámara y micrófono.

NSO había dicho que el software solo se vendía a los gobiernos a fin de combatir el crimen y el terrorismo.

En aquel entonces, el gobierno mexicano negó rotundamente que cualquiera de sus dependencias hubiera puesto la mira en defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas o cualquier otra persona sin autorización judicial previa.

Citizen Lab dijo que identificó mensajes enviados en 2015 y 2016. Algunos de los objetivos fueron miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del grupo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El software también ha estado implicado en otros casos de uso indebido.

En diciembre, un disidente de Arabia Saudí interpuso una demanda en Israel en la que alegó que el programa de NSO fue utilizado para vigilar al periodista saudí Jamal Khashoggi antes de su asesinato en Turquía en octubre. NSO ha calificado la querella como “completamente infundada”.

Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN), celebraron la creación de una Guardia Nacional con mando civil que cuenta con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.

Los mandatarios panistas señalaron que con la inclusión de las propuestas de la oposición, de la sociedad civil y expertos, México tendrá una Guardia Nacional apegada a derechos humanos, acotada en tiempo y respetuosa del pacto federal.

El gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, afirmó que la Guardia Nacional acordada en el Senado corresponde a las necesidades del país y cumple con las obligaciones del Estado, además de que «lleva consigo la voz de la organización civil, expertos y autoridades locales».

«La #GuardiaNacional acordada en el @senadomexicano responde a nuestras necesidades, aspiraciones y obligaciones legales del estado. Incluyendo la postura de Acción Nacional, logramos recuperar las propuestas de la sociedad civil, expertos y autoridades locales. ¡Ganó México!», escribió en sus redes sociales.