Berlín, Ale.- Un tribunal alemán condenó a la empresa armamentística alemana Heckler & Koch a una multa de 3,7 millones de euros y a dos de sus empleados a sendas penas de libertad condicional en el marco de un proceso contra cinco de sus trabajadores por presunta exportación ilegal de armas a México.

La Audiencia Provincial de Stuttgart estableció que uno de los condenados, un exempleado del fabricante alemán, deberá cumplir un año y diez meses de libertad condicional y pagar una multa de 80.000 euros, e impuso a otra empleada una pena de un año y cinco meses de libertad condicional y 250 horas de trabajos comunitarios. Los otros tres acusados fueron absueltos.

La propia empresa no estaba acusada, pero aun así deberá pagar una multa de 3,7 millones de euros, correspondiente a la cantidad ingresada por la venta ilegal de unos 4.700 fusiles de asalto y componentes a zonas de conflicto en México.

En la apertura del juicio el pasado 15 de mayo, el fiscal Karlheinz Erkert dijo que los acusados vendieron entre 2006 y 2009 alrededor de 4.700 fusiles, así como ametralladores y munición destinadas a zonas en México.

Tras el paso de un tornado que devastó media La Habana a fines de enero un hombre se quejó en Twitter de que los funcionarios amenazaban con sacarlo de su finca pese a su resistencia. Una semana después anunció que el gobierno había cambiado de idea y lo ayudaría a reconstruir su casa.

Otro usuario reclamó asientos para familiares en las salas de espera de un hospital en la cuenta oficial recién abierta de un vicepresidente, al tiempo que un grupo de jóvenes lanzó la aplicación “Sube” para conectar a clientes con taxistas, en un país con serios déficits de transporte.

Cuba, que alguna vez fue una de las sociedades más desconectadas de internet del continente, está cambiando su escenario tecnológico rápidamente y en dos meses desde que se comenzó a ofrecer el servicio de datos móviles para los celulares, las transformaciones se perciben sutiles pero palpables.

“La vida ha cambiado. Incluso cuando vas caminando por la calle te das cuenta. El otro día estaba mirando desde el techo de mi casa y el vecino tenía datos, la del frente tenía datos y el de más allá. Eso no se veía antes”, dijo a The Associated Press Alberto Cabrera, un comunicador de 25 años que forma parte del equipo desarrollador de “Sube”, una aplicación por ahora experimental y sin fines de lucro.

“Estamos en un proceso de aprendizaje sobre cómo usar los datos”, indicó Claudia Cuevas, de 26 años, profesora universitaria y compañera de Cabrera. “Antes ibas al parque (las zonas Wi-Fi legales) una vez a la semana a comunicarte con la familia… Ahora, en cambio, buscas aplicaciones, Twitter, Instagram. Los estudiantes están haciendo grupos para las tareas. Es más participativo”, agregó.

A mediados de enero, en los primeros 40 días de acceso al servicio, 1,8 millón de cubanos -de una población de 11 millones- habían comprado paquetes de datos. Un reporte reciente indicó que unos 6,4 millones de residentes son usuarios de internet e igual cantidad de redes sociales.

La historia de Cuba con la tecnología no estuvo exenta de tensiones desde su apertura en los años 90. Cuba acusó a Estados Unidos bloquear su acceso a las fibras ópticas que rodean la isla, obligándola a contar con un servicio satelital caro y lento. Recién en 2011 tuvo acceso a un cable submarino tras una asociación con Venezuela.

Pero tardó hasta 2015 en habilitar el servicio a la población, en general mediante la apertura de puntos Wi-Fi en centenares de parques -una modalidad vigente pero menos popular que antaño- y el servicio hogareño sigue limitado.

Para los opositores, el gobierno no daba cobertura a la ciudadanía por temor a un flujo libre de información y a las críticas adversas a un modelo político que suele exaltar la unanimidad como un valor de defensa ante la hostilidad de Washington.

“Durante un tiempo Internet provocó temor en los líderes cubanos y hubo que esperar demasiado”, le explicó a AP el bloguero y politólogo cubano residente en Estados Unidos, Harold Cárdenas. “Un daño colateral de las dinámicas de la Guerra Fría, prolongadas en Cuba durante décadas”.

“Institucionalmente, es positivo” que ahora internet se vea “como una herramienta que fortalece transversalmente la sociedad y la economía del país”.

“Lo que podemos esperar es más participación ciudadana, incorporación a tendencias digitales globales y retos para la nueva presidencia”, explicó Cárdenas. “Que Miguel Díaz-Canel sea un político de su generación con una visión más sofisticada sobre la tecnología es una ventaja… que la burocracia doméstica haya demostrado ser más lenta que el Vaticano para adaptarse al mundo digital, es un desafío”.

Personas consultadas por AP coincidieron en que el uso de internet a partir de la apertura del servicio de datos se volvió algo cotidiano: muchos han cambiado a la estatal compañía ETECSA de telefonía tradicional por WhatsApp, que es mucho más económico. Otros han modificado el consumo de información y la búsqueda de contenidos -desde noticias a recetas de cocina- y unos cuantos lo han usado como instrumento de acercamiento a los gobernantes.

En tanto, los adolescentes están realizando “quedadas”, una suerte de citas virtuales.

Julio Aguirre Lusson, un disc-jockey de 25 años que desde hace un año tiene un canal en YouTube en el que prueba y aconseja sobre aplicaciones para móviles, pudo medir en carne propia el impacto del uso de datos entre sus usuarios.

“Antes el país con más suscriptores (actualmente tiene más de 4.000) en mi canal era España, luego Estados Unidos y en tercer lugar Cuba. Ahora, desde los datos, son los cubanos”, indicó Aguirre, quien señaló que, sin embargo, persisten las limitaciones para los desarrolladores como la imposibilidad de subir directamente sus productos a Google Play debido a sanciones estadounidenses o vacíos legales en la propia isla.

El aprendizaje sobre el nuevo entorno digital no atañe solo a los usuarios comunes.

El presidente Miguel Díaz-Canel abrió una cuenta en Twitter poco antes de diciembre y recientemente ordenó a todos sus ministros hacer lo mismo, aunque muchos de ellos solo reenvían mensajes oficiales o consignas propagandísticas sin responder inquietudes ciudadanas.

“Creo que hay una contradicción entre lo que dicen públicamente y lo que hacen”, expresó a AP Camilo Condis, un emprendedor de 33 años que suele ser muy activo en las redes sociales y quien reportó que una docena de funcionarios lo bloquearon por sus planteos. “Los ha puesto a prueba: una prueba que muchos han suspendido. Otros, incluidos ministros, sí responden ocasionalmente, pero creo que todos escuchan, aunque no lo hagan público”.

Díaz-Canel, ingeniero de profesión, reiteró la importancia que le da a internet y al servicio de datos y aseguró que se están desarrollando plataformas y prestaciones gubernamentales -como pedir un acta de nacimiento o saber el estado de un expediente online- e informatizando al sector estatal en el cual se siguen llenando planillas a mano o entregando turnos tras largas filas.

Precisamente el tornado que arrasó a varios municipios de La Habana fue un ejemplo del alcance de las redes sociales en la Cuba actual: en los primeros momentos sirvieron para comunicar el desastre, posteriormente para evaluar el daño y finalmente para organizar la ayuda para los afectados.

La conjunción entre datos y redes sociales, “es un canal que la gente va a usar para decir las cosas como están… Es necesario que la población lo vea como una vía directa para expresarse y decir lo que piensa”, comentó Cuevas.

Las afirmaciones de un jurado del juicio de Joaquín «El Chapo» Guzmán de que algunos miembros del jurado actuaron incorrectamente están llamando la atención de nuevo al problema de cuando los jurados leen noticias y hacen sus propias indagaciones antes de un veredicto.

Es un fenómeno al que se le ha llamado «jurados que googlean», y hace que los abogados defensores y fiscales pierdan el sueño.

“Todos tienen el mundo en la yema de los dedos”, dijo el abogado defensor de Guzmán, Jeffrey Lichtman. “Hace 20 años no tenías que preocuparte por eso”.

Lichtman dijo el jueves a The Associated Press que ahora existen serias dudas respecto a la condena en contra de Guzmán este mes por cargos de narcotráfico y asociación delictuosa, por lo que planea solicitarle al juez federal de distrito Brian Cogan que interrogue a los 12 jurados y seis alternos por los reportes de que varios de ellos hicieron caso omiso a las advertencias de evitar los reportes de prensa sobre el caso.

Un jurado que prefirió permanecer anónimo dijo esta semana a VICE News que al menos cinco miembros del panel siguieron los reportes de prensa y mensajes en Twitter durante los tres meses del juicio, y estaban al tanto de material candente _y posiblemente perjudicial_ que había sido excluido del proceso.

“Está claro que debemos traerlos de regreso a la corte y obtener algunas respuestas sobre cierta conducta indebida masiva”, comentó Lichtman.

La fiscalía federal de Brooklyn se negó a comentar el jueves al respecto.

En algunos casos, traspiés similares por parte del jurado han resultado lo suficientemente perjudiciales como para ameritar un nuevo juicio, una posibilidad que, según los expertos, no puede descartarse en el caso de Guzmán.

“Es una cuestión de justicia fundamental”, dijo el exfiscal Duncan Levin. “Es presumiblemente perjudicial que un jurado tenga este tipo de información, y es mucho más indignante que lo hayan hecho cuando el juez les pidió específicamente que no lo hicieran”.

Además de prácticamente secuestrar a los jurados, despojarlos de sus dispositivos electrónicos y advertirles en repetidas ocasiones, los jueces tienen un poder limitado en las acciones que pueden tomar para evitar que las deliberaciones resulten afectadas por fuentes externas.

“El sistema de jurados depende de que las personas sean honestas en lo que dicen y hacen”, comentó Rock Harmon, exfiscal del condado de Alameda, California. “No hay forma de evitar esto salvo subrayar lo que tienen que hacer”.

En el caso de “El Chapo”, los jurados anónimos no fueron confinados pero sí fueron escoltados por alguaciles federales hasta el tribunal, donde debían entregar sus teléfonos. En cualquier otro momento tenían acceso a sus dispositivos, aunque el juez les ordenó a diario que no vieran noticias ni publicaciones en redes sociales sobre el caso.

De cualquier forma, el jurado que habló con VICE News dijo que cinco de los jurados que participaron en las deliberaciones y dos alternos escucharon acerca de las acusaciones de violación infantil en contra de Guzmán, que fueron cubiertas por la prensa pero no se les admitió en el juicio.

El jurado también describió un ejemplo en el que uno de sus colegas utilizó un smartwatch para revisar un reporte noticioso justo antes de que Cogan se reuniera en privado con ellos para preguntarles si se habían expuesto a alguna cobertura reciente de medios.

“Se trata de un fenómeno creciente, y los tribunales pasan apuros para determinar cómo atacarlo”, dijo Thaddeus Hoffmeister, profesor de derecho en la Universidad de Dayton y cuya investigación se ha centrado en los jurados. “Estás lidiando con personas que en la actualidad tienen más fe en Google que en las personas que suben a testificar”.

El mejor remedio, según Levin, es que los jurados cumplan con su juramento o enfrenten las consecuencias. En el caso de “El Chapo”, señaló, si admiten haber incumplido con las ordenes de Corgan deben ser acusados de desacato.

Pero es improbable que pueda convencerse a Cogan de que las irregularidades fueron reales y suficientes como para ordenar un nuevo juicio, indicó el exfiscal federal Michael J. Stern.

“El juez tendrá que decidir si existe una posibilidad razonable de que la información pudiera haber afectado el veredicto del jurado”, dijo Stern.

Lichtman dijo que, de cualquier forma, las revelaciones sobre el jurado que declaró culpable a su cliente son “tristes y alarmantes”.

Guzmán, quien enfrenta una sentencia obligatoria de cadena perpetua, “morirá en prisión”, declaró. “Fue por eso que le pedí repetidamente al jurado que le dieran un juicio justo. Resulta que eso fue mucho pedir”.

Meses después de que el gobierno del presidente Donald Trump anunciara el fin de la separación generalizada de niños migrantes de sus padres, la medida sigue siendo un asunto polémico en las cortes y en la frontera al afirmar los detractores que el gobierno comenzó a separar a las familias de inmigrantes desde 2017 y que la práctica continúa hasta la fecha.

En San Diego, un juez federal indicó el jueves que está sopesando una solicitud de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) para responsabilizar al gobierno por la posible separación de miles de niños adicionales después de que un informe revelara que la implementación de dichas prácticas se remonta a julio de 2017.

El juez Dana Sabraw, quien el 26 de junio de 2018 ordenó al gobierno poner fin a la separación de familias y reunir con sus padres a 2.700 niños que estaban bajo custodia federal en ese momento, dijo que esa fecha ya es arbitraria ahora tras el informe del inspector general, que reveló que la política de separación de familias empezó como un programa piloto en El Paso en 2017.

Sabraw dijo que el público tiene derecho a saber qué hizo el gobierno y el alcance de sus acciones. Y preguntó: ¿por qué el caso no habría de “incluir a todos los que supuestamente fueron separados de forma ilegal, por qué ligarlo a una fecha arbitraria del 26 de junio de 2018?”

Dijo que podría haber miles de padres e hijos más que fueron separados.

“Simplemente no lo sabemos”, declaró Sabraw. “No había registros. Esa es la dura realidad”.

Scott Stewart, abogado del Departamento de Justicia, se opuso diciendo que añadir a las demás familias sería una “carga significativa” para el gobierno y “llevaría el caso hasta otra galaxia” después de que las autoridades han “hecho todo lo posible por corregir este error”.

El juez dijo que pronto emitirá su fallo.

En tanto, el Texas Civil Rights Project difundió el jueves un informe en el que indica que el gobierno sigue separando a familias de migrantes. En el texto se enlistan 272 separaciones en una sola corte de Texas desde junio pasado, cuando Trump emitió, en medio de la indignación pública, el decreto de poner fin a la práctica de separación de familias.

La gran mayoría de los casos afectan a niños que cruzan la frontera desde México con familiares que no son sus padres, tales como abuelos, tíos y hermanos adultos.

En 38 de los casos se trataba de un padre o guardián legal, la mayoría de los cuales tenían antecedentes penales, según el grupo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) sostuvo en un comunicado que el grupo incluía incorrectamente casos de otros familiares porque la Ley de Seguridad Nacional “no hace concesiones para personas que no sean un padre o guardián legal”. La CBP incluye a la Patrulla Fronteriza, que detiene a las personas que ingresan a Estados Unidos sin autorización.

“Lo que está pasando es que el gobierno realiza las separaciones unilateralmente sin un proceso que las cuestione y sin que un experto en bienestar infantil las supervise”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

Uno de los temores, dijeron Gelernt y otros, gira en torno a la suerte de los niños entregados a familiares en acuerdos que nunca fueron formalizados.

En un caso descubierto por el Texas Civil Rights Project, un niño guatemalteco de 11 años fue separado de su tío, que era su guardián, porque su padre no tenía participación en su vida y su madre había muerto de cáncer, dijo Efren Olivares, abogado del proyecto.

“Son situaciones muy difíciles, sobre todo porque la posición del gobierno es que no tiene la responsabilidad de reunirlos porque no es el guardián legal”, afirmó.

Desde mediados del año pasado los abogados del proyecto concurren casi a diario al tribunal en McAllen a hablar con adultos acusados de entrar sin autorización a Estados Unidos y preguntarles si han traído niños. McAllen se encuentra en el Valle del Río Grande en el sur de Texas, el sitio más concurrido para los cruces clandestinos de la frontera.

Las autoridades de inmigración dicen que la ley contra el tráfico de personas los obliga a procesar a los niños que llegan sin un padre o guardián legal como “menor no acompañado”, aunque los acompañe un adulto que no sea lo uno ni lo otro.

“A falta de verificación de que un adulto es el padre o guardián legal de un menor, la CBP seguirá dando prioridad a la seguridad del menor y cumpliendo con las disposiciones de ley”, dijo el organismo.

Los menores centroamericanos no acompañados generalmente son enviados a instalaciones del gobierno, mientras que los adultos podrían ser detenidos y procesados por ingreso ilegal al país. Las autoridades también pueden separar a los niños de sus padres si consideran que es lo más conveniente para el menor, sobre todo cuando el padre tiene antecedentes penales.

Gelernt dijo que el gobierno debería ocuparse de determinar si el pariente adulto tiene al niño a su cargo.

“No se puede dar por sentado de que uno simplemente se lleve al niño si el adulto no es el padre biológico o adoptivo”, dijo el abogado.

Legisladores federales visitaron el martes una instalación de emergencia para niños migrantes en Homestead, Florida, ampliada desde que el Departamento de Salud cerró una instalación en Tornillo, Texas, bajo presión de la opinión pública.

La representante demócrata Debbie Mucarsel-Powell dijo que habló con una niña detenida nueve meses antes al ser separada de su tía. Había 1.575 niños en el lugar la semana pasada.

Otra representante demócrata, Donna Shalala, dijo que la definición oficial de “menor no acompañado” era demasiado estrecha y provocaba separaciones innecesarias.

“Si uno no llega con un padre sino con una tía, tío, primo o hermano, lo clasifican como no acompañado”, dijo Shalala, ex secretaria de Salud y Servicios Humanos. “Debemos ser mucho más rápidos en reunir a estos niños con sus familiares”.

El gobierno dijo en diciembre que separó a 81 niños migrantes en la frontera desde el decreto de junio. Según datos del gobierno, 197 adultos y 139 menores fueron separados entre el 19 de abril y el 30 de septiembre porque no eran familiares de los mayores, aunque se tratase de abuelos u otros parientes que no pudieron demostrarlo.

El inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo el mes pasado que 118 niños fueron separados de sus padres entre el 1 de julio y el 7 de noviembre.

Durante más de 20 años, Don Winslow ha trabajado en la novela «The Border», un texto desgarrador e intensamente detallado sobre la guerra más larga de Estados Unidos, la guerra contra las drogas y la relación con la frontera con México.

Se trata de la última parte de su trilogía titulada «Cartel», un retrato de la codicia y el tráfico de influencias en los niveles más altos del gobierno. Con esto pone un punto final a un trabajo que por años ha revelado: la frontera mexicano-estadounidense, el manejo de niños migrantes y sobre cómo el dinero extranjero ha comprado influencia en el nivel más alto del gobierno de Estados Unidos.

Ahora, el autor de «The Border» desafío al presidente de Estados Unidos, Donald Trump para debatir sobre sus planes para el muro fronterizo, informó «The Guardian».

Winslow publicó en su cuenta de Twitter: «Estimado Donald Trump. Discutamos el muro de Trump y dejemos que la gente decida… Debatiste a 18 republicanos durante tu campaña presidencial, estoy seguro de que puedes manejar a un escritor. Házmelo saber».

A esta provocación, el escritor Stephen King se sumó y ha ofrecido pagar 10 mil dólares para ver eso. Sin embargo, Trump aún no ha respondido a este debate.

Por casi dos años, el autor de la trilogía «Cartel», ha criticado la decisión de Trump de hacer el muro fronterizo. Todo inició en una publicación en el New York Times que decía que «en lugar de hacer un esfuerzo real para abordar el problema de las drogas en sus raíces, en un momento en que más estadounidenses mueren por sobredosis que por automóviles». Trump y Sessions nos ofrecen fantasías como el muro fronterizo, que no harán absolutamente nada para frenar el flujo de drogas».

Winslow ha sido muy activo en sus redes sociales para criticar y dirigirse a Donald Trump sobre los temas y decisiones que ha tomado durante su gobierno.

Por otra parte, Stephen King también ha utilizado sus redes sociales para hablar sobre el presidente de EU. La semana pasada describió la declaración de Trump de una emergencia nacional como «un paso gigante lejos de la democracia y un paso gigante hacia la dictadura. Él quiere destruir una forma de gobierno estadounidense que ha sobrevivido por más de 200 años».

Un jurado especial acusó de tres crímenes de odio a un hombre que en noviembre pasado entró en un taller en Utah (EE.UU.) y, tras gritar que iba a matar a un mexicano, agredió a un padre y un hijo de esa nacionalidad y a una tercera persona, indicó este jueves la oficina del fiscal federal de ese estado.

Si es declarado culpable, Alan Dale Covington, de 50 años, puede ser condenado a cadena perpetua.

Según un comunicado de la Fiscalía, Covington atacó con una barra de metal el 28 de noviembre de 2018 a José López, de 51 años, al hijo de éste, Luis Gustavo López, de 18, y a una tercera persona no identificada públicamente que se encontraban trabajando dentro de su taller mecánico en Salt Lake City.

A consecuencia de los golpes, Luis Gustavo López pasó varias semanas en terapia intensiva y su rostro debió ser reconstruido usando placas de titanio.

Según dijo José López a la Policía, Covington ingresó inesperadamente al lugar gritando (en inglés) «estoy aquí para matar a un mexicano» y haciendo alusiones a «la mafia mexicana».

A pesar de ello, la Policía local no interpretó el hecho como un crimen de odio con el argumento de que Covington se enfocó en la mafia, pero no en los mexicanos.

Además, la Fiscalía local tampoco pudo presentar cargos por crímenes de odio contra Covington porque las leyes de Utah solamente permiten hacerlo si esos cargos se suman a algún otro crimen o delito, como robo, algo que Covington no cometió.

Por eso, el caso pasó a la jurisdicción federal, en donde el jurado presentó un cargo por cada una de las personas golpeadas.

De ser encontrado culpable de todos esos cargos, Covington puede pasar el resto de su vida en una prisión federal y ser multado con hasta 250.000 dólares.

Se desconoce hasta el momento si Covington se declarará culpable o si el caso irá a juicio.

A nivel local, Covington enfrenta dos cargos de asalto agravado y cargos adicionales por posesión de armas y de drogas.

La Corte del Tercer Distrito de Utah aún no ha determinado si esas acusaciones ahora quedarán sin efecto debido a la decisión del jurado federal.

A la vez, el incidente motivó que la legislatura de Utah propusiese revisar las leyes locales para permitir que se acuse a alguien de crimen de odio sin que esa acusación esté asociada con otros delitos.

De hecho, se espera que hoy mismo el Comité de Justicia Criminal del Senado de Utah apruebe el proyecto de ley SB103 para que luego la cámara alta en pleno vote sobre esa propuesta que expandiría tanto la definición de «crímenes de odio» en Utah como las sentencias para esos crímenes.