A Coruña, España (EFE).- La Justicia española notificó este viernes una resolución judicial en la que ordena a los condenados en la sentencia por el hundimiento del petrolero Prestige, en aguas del Atlántico frente a la costa gallega (noroeste), al pago de 2,500 millones de euros, según las cantidades fijadas en el fallo.
Fuentes judiciales informaron de la resolución, en la que se establece una cuantía «sin limitación» para el capitán del buque, Apostolos Mangouras, como responsable civil principal, y para la propietaria del barco, Mare Shipping Inc., como responsable civil subsidiaria.
Esta decisión se basa en «la más que razonable certidumbre de insuficiencia de bienes del responsable principal, dada la cuantía global de la deuda de autos», argumenta el auto judicial.
La Audiencia de La Coruña (noroeste) establece para la aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) un límite de 855,493,575 euros, descontada la cantidad de 22,777,986 euros consignada.
Por su parte, para el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos 1992 marca el límite en 27,986,264 euros, descontadas las sumas ya abonadas a los perjudicados y que ascienden a 120,738,452 euros.
Hasta el momento, establece el total de la ejecución de la sentencia en 2,495,429,706 euros, que se corresponden con 1,441,562,943.18 de principal, 392,923,977.98 de intereses moratorios, 87,144,811.63 de intereses procesales y 573,797,973.25 de intereses, costas y gastos de ejecución.
La suma de 2,121,084.15 euros depositada a disposición del tribunal por Repsol Petróleo tras la venta del fuel se aplicará, previa deducción de gastos, al pago de las indemnizaciones de los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución notificada hoy.
Contra esta orden no cabe recurso alguno. Este caso comenzó su instrucción en 2003 en el Juzgado de Corcubión (A Coruña), tarea que se prolongó durante ocho años antes de pasar a la Audiencia Provincial coruñesa en 2011, aunque no fue hasta octubre de 2012 cuando se inició la vista oral.
El juicio quedó visto para sentencia después de ocho meses, y justo once años después del accidente, el 13 de noviembre de 2013, el tribunal dictó sentencia en la que absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medioambiente.
Solo condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia y además eximió al Estado de sufragar los gastos por los daños originados por el vertido del petrolero, que perdía diariamente 125 toneladas de fuel por las grietas del casco.
El 26 de enero de 2016 el Tribunal Supremo español condenó a dos años de cárcel al capitán del petrolero por delito imprudente contra el medioambiente.
La sentencia estableció además la existencia de responsabilidad civil por la catástrofe ambiental que provocó el hundimiento del barco, pero no fijó la cantidad, que fue señalada hoy.
El fiscal había pedido por ese concepto un total de 4,328 millones de euros.
