MADRID (EFE).- Un juzgado de Madrid ha suspendido de forma provisional la licencia urbanística para exhumar al dictador español Francisco Franco del Valle de los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado desde su muerte en 1975.
En un auto con fecha 25 de febrero al que tuvo acceso Efe este martes, el tribunal acepta paralizar cautelarmente la licencia de obras, concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, municipio en cuyo término está ubicado el monumento, tras una demanda particular.
El texto de la querella impugna el informe del consistorio con fecha 26 de noviembre de 2018 por el que se declaraban «admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco» y su «traslado a otro lugar».
El demandante argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2019, por el que el Gobierno español ordenaba la exhumación del dictador, implica la «inminencia» de la misma y subraya que no se aprecia «especial urgencia» para llevarla a cabo, ya que lleva enterrado allí 44 años.
Igualmente duda de que las obras requeridas sean «conformes a la legalidad vigentes» y si se pueden efectuar «con seguridad para las personas».
«Es decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso», advierte.
Indica además, en un dictamen pericial de dos arquitectos, que a la documentación aportada le «falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la sepultura de Franco».
El juez encargado de a suspender cautelarmente la licencia urbanística es José Yusty Basterreche, quien en 2007 redactó un artículo titulado ‘Gobierno y armada española en la monarquía absoluta’ en el que acusaba al entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de revivir «con oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles», en relación a la ley de Memoria Histórica.
Nada más conocerse la decisión judicial, la ministra española de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que el Gobierno ha mantenido un procedimiento «escrupuloso», basado en las «garantías, el derecho y en las normas», en la exhumación del dictador para hacerlo de una manera «impecable».
También la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, afirmó hoy que la decisión del juzgado no va a paralizar «nada», aunque fuentes gubermanentales reconocieron que las numerosas demandas judiciales presentadas por la familia Franco pueden «retrasar» la fase final del traslado de los restos.
Contra el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, a las afueras de Madrid, tiene tres días para presentar alegaciones.
El Gobierno socialista español aprobó el pasado 15 de febrero la orden para exhumar al dictador, una medida a la que todavía se opone la familia.
Desde esa fecha, los familiares tenían 15 días para decidir el lugar en donde vuelven a inhumarse los restos pero no podrá ser en la Catedral de la Almudena en Madrid, debido a motivos de orden público y para evitar que reciba homenajes. De no ser así, la decisión la tomaría el Gobierno.
Franco (1892-1975) fue enterrado tras su muerte en la basílica del monumento del Valle de los Caídos, construido a instancias del dictador en las montañas a unos 55 kilómetros al norte de Madrid.
Ese monumento alberga los restos de varias decenas de miles de fallecidos durante la Guerra Civil de 1936-1939 y en los años posteriores.
