Casi cuatro mil funcionarios públicos, entre ellos juristas, militares y académicos, fueron despedidos por estar vinculados con la cofradía del clérigo islámico Fethullah Gülen, en virtud del primer decreto emitido por el gobierno turco tras el referéndum constitucional.
Aunque el gobierno vincula a las víctimas de estas purgas con la Organización Fethullahista de Terrorismo (FETÖ) de Gülen, entre los despedidos figuran profesores universitarios que firmaron un manifiesto a favor de acabar con la guerra en la región kurda del país, reportó la agencia estatal de noticias Anadolu.
Entre los tres mil 974 despedidos se encuentran 484 académicos y 98 miembros del personal administrativo de 63 universidades de Turquía, a quienes les cancelaron su pasaporte y les prohibieron trabajar en el sector público, según la agencia turca de noticias Anadolu.
En tanto, en la seguridad social queda registrado como “terrorismo” el motivo de su despido, lo cual les somete a una “muerte civil”.
Otros de los despedidos son mil 127 trabajadores dependientes del Ministerio de Justicia, 216 del Ministerio de Salud y 201 del Ministerio de Asuntos Religiosos, además entre las Fuerzas turcas hay 478 de la fuerza terrestre, 141 de la fuerza naval y 447 de la fuerzas aérea.
Con esta nueva purga se eleva a 120 mil el número de empleados que han sido suspendidos o despedidos y más de 40 mil personas han sido arrestadas desde el intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, del que el gobierno acusa al predicador Gülen, exiliado en Estados Unidos.
Con un segundo decreto emitido tras el referéndum constitucional, aprobado el pasado 16 de abril, también fueron cerrados 18 fundaciones, 14 asociaciones, 13 instituciones sanitarias y el diario Yürüyüs, simpatizante del grupo armado de ultraizquierda DHKP/C, según Anadolu.
La oposición turca asegura que el presidente Recep Tayyip Erdogan pretende con las detenciones y los despidos combatir no sólo a presuntos seguidores de Gülen, sino también a detractores de su gobierno.
Los dos recientes decretos, emitidos tras el referéndum constitucional que le dará más poderes a Erdogan, tienen lugar un día después de que el gobierno bloqueó el acceso a la enciclopedia en línea Wikipedia, a la que acusó de formar parte de una campaña de difamación contra el país.
