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Los obispos de Filipinas instaron hoy a los católicos del país a oponerse a la reinstauración de la pena de muerte, después de que en la víspera la cámara baja diera el visto bueno a esta medida que tendrá que ratificar el Senado.
«Hacemos un llamamiento a todos los fieles católicos y a todos los filipinos que defienden la vida para que continúen con su oposición activa a la pena de muerte», expresó el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, el arzobispo Socrates Villegas, en un comunicado.
Villegas instó especialmente a «los abogados, jueces y juristas católicos» del país a prestar «su servicio a la sociedad» luchando contra la reinstauración de la pena capital.
El comunicado llega después de que la Cámara de Representantes aprobara en tercera votación un proyecto de ley para castigar con la pena de muerte varios delitos relacionados con estupefacientes, en línea con la política de tolerancia cero con las drogas del presidente Rodrigo Duterte.
El proyecto de ley 4727, aprobado con 216 votos a favor, 54 en contra y una abstención, se considera un primer paso para ampliar en el futuro el alcance de la pena de muerte a otros delitos como asesinato, secuestro o violación.
Tras la decisión de la cámara baja los obispos filipinos aseguraron estar «vencidos por el dolor», pero «no hemos sido derrotados ni seremos silenciados», según el comunicado.
La decisión sobre la pena de muerte ha pasado ahora al Senado, que tiene 24 escaños, donde habrá tres votaciones que se prevén más disputadas que las de la Cámara de Representantes debido a la oposición explícita manifestada por varios senadores.
El pasado 18 de febrero unos 50 mil católicos, -según los organizadores, 10 mil según la Policía- se manifestaron en Manila contra el restablecimiento de la pena capital y para condenar las más de siete mil muertes de la «guerra antidroga» de Duterte desde junio de 2016.
Filipinas fue el primer país asiático en abolir la pena de muerte en 1987, pero la reinstauró en 1993 para combatir la criminalidad.
En junio de 2006 la abolió de nuevo durante el mandato de la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, que como congresista votó «no» en la sesión del martes a pesar de ser aliada política de Duterte.
