La Fiscalía Superior de Cataluña, en el noreste de España, investiga el uso de espacios públicos, como colegios, para la consulta de participación ciudadana de mañana domingo, pese a que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
En un comunicado, el Ministerio Público informó que se ha pedido a la Consejería de Educación del gobierno catalán se informe sobre si hubo reuniones con responsables de esos centros educativos, y el tipo de solicitud que se haya hecho al respecto.
La investigación busca determinar si ha habido comisión de delito al usar espacios públicos en una consulta que fue suspendida por el alto tribunal.
La Fiscalía solicitó además a la empresa Unipost que presente documentos sobre el encargo que se ha hecho para distribuir el material de la consulta, principalmente propaganda.
La consulta de participación ciudadana, suspendida esta semana por el Tribunal Constitucional, es la segunda propuesta del gobierno de Cataluña para preguntar a su población sobre su futuro político, luego que la misma corte suspendiera una consulta independentista.
Las dos consultas han sido impugnadas por el gobierno español, por considerar que el gobierno catalán no es competente para convocar un referendo de independencia.
La Generalitat de Cataluña con el apoyo de más de 70 organizaciones sociales y políticas, y numerosos voluntarios mantienen la intención de la consulta, a la que inicialmente estarían llamados a votar más de cuatro millones de personas.
