CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El hecho de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturados para obtener su declaración, no afecta la validez de la investigación, sólo anula esas declaraciones, afirmó Alfredo Higuera, fiscal especial del caso Iguala.
“Lo natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de elementos de prueba”, sostuvo el funcionario.
EL UNIVERSAL publicó que un informe de la Visitaduría de la PGR pone en peligro el caso, al documentarse violaciones al debido proceso, tortura y falsedad en declaraciones.
El fiscal dijo que ocho de los detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 acusaron ser víctimas de tortura, por lo que la PGR solicitó que se les aplicara el Protocolo de Estambul (manual para documentar tortura); dos resultaron positivos.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la PGR “diluyó” el documento de trabajo de su Visitaduría para dejar impunes a los responsables de esas irregularidades. “Esto pudiera ser parte de una estrategia de encubrimiento que vulnere el derecho a la verdad y se esté escondiendo el verdadero paradero de los estudiantes y lo que sucedió”.
Padres de los 43 temen impunidad
Padres de los 43 normalistas desaparecidos y su representante legal temen que los hechos del 26 de septiembre de 2014 queden impunes si los detenidos obtienen su libertad por haber sido víctimas de tortura.
En relación a la nota publicada en EL UNIVERSAL, en la que se señala la posibilidad de que los detenidos sean puestos en libertad por una posible violación al debido proceso al comprobarse la tortura en su contra, Vidulfo Rosales, vocero y abogado de los padres de las víctimas advirtió sobre el riesgo de que el caso no sea resuelto.
“Eso evidencia las inconsistencias de la línea de investigación del basurero de Cocula, también da la razón a los padres de familia de la necesidad de avanzar, de mantener abiertas, de ahondar y profundizar en las cuatro líneas de investigación que estamos exigiendo”, comentó.
Explicó que las cuatro líneas de investigación que exigen involucran la probable participación en la desaparición de elementos del Ejército del 27 de Batallón de Infantería.
Una segunda exigencia va encaminada a la detención inmediata de los policías federales y municipales de Huitzuco. Además, se pide investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como probable móvil del ataque contra los jóvenes. La cuarta línea es que la indagación sobre la telefonía celular de los detenidos y oficiales, presuntamente involucrados, avance.
La nota publicada por esta casa editorial destaca que el informe del ex Visitador General de la Procuraduría General de la República (PGR), César Alejandro Chávez, dijo que las investigaciones encabezadas por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tuvieron distintas irregularidades.
El informe fue desechado bajo el argumento de que no se trataba de un documento oficial, fue la ahora Visitadora General la que emitió la resolución, considera que Zerón incurrió en faltas administrativas.
Por ello, agregó impugnaron la decisión. “Tenemos el amparo que interpusimos ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa para que revise esa resolución que rasuró injustamente el informe de César Alejandro Chávez”, informó.
Padres de los jóvenes mantienen, desde el 20 de abril, un plantón afuera de la PGR; Alfredo Higuera, fiscal del caso Iguala, y Sara Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, acudieron al plantón para invitarlos a retomar el diálogo; sin tener éxito.
