CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con el objetivo de combatir la corrupción y evitar que se haga mal uso de los programas sociales, el diputado del PVEM, Jesús Izquierdo Rojas, presentó una iniciativa para sancionar de cuatro a ocho años de prisión y de 300 a 900 días de multa, a los servidores públicos o personas físicas y morales que tengan acceso a los padrones de beneficiarios de estos programas a nivel federal, estatal y municipal, y los utilicen de manera indebida, o en beneficio propio.
El legislador dijo que es obligación de los funcionarios de los tres niveles de gobierno aplicar el destino correcto de estos programas para beneficio de la población más necesitada y no para uso personal, sobre todo cuando los recursos son de orden público y de interés social. “Por ello, proponemos reformar el Código Penal Federal a fin de inhibir el uso incorrecto de los recursos destinados para abatir la pobreza”.
Izquierdo Rojas refirió que en el caso de la falsificación de documentos públicos o privados que forman parte de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, el delito se castigará con 300 a 500 días de multa, y se sancionará con seis a doce años de prisión.
“En caso de que el responsable sea un funcionario, éste será inhabilitado de sus labores dentro de la administración pública”, subrayó.
Agregó que su propuesta también establece que en caso de que una persona o funcionario obtenga un beneficio económico y exceda 500 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, se impondrán de 5 a 12 años de prisión.
El diputado lamentó que aun cuando existen avances en rendición de cuentas en la ejecución de programas sociales en el actual gobierno, todavía se presentan diversos casos de corrupción, principalmente en algunas entidades y municipios.
