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El rumbo económico del país depende de la decisión que se tome en las elecciones del próximo 7 de junio, ya que el voto deberá ser razonado para evitar malos representantes y decisiones equivocadas, sobre todo porque será la próxima legislatura la que deberá de definir el paquete presupuestal del 2016, además de revisar el esquema fiscal actual, y atender el tema de las pensiones, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Representantes de diversos organismos de la iniciativa privada, entre ellos la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), la Cámara Nacional de Comercio Ciudad de México, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, entre otros, invitaron a la sociedad a votar y aseguraron que México no puede ser rehén de los grupos sindicales o criminales que amenazan con boicotear las elecciones, por lo que calificaron de un «grave error» la decisión del gobierno federal de posponer indefinidamente la evaluación a los docentes.
El presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Claudio X. González, dijo que es «ilegal» e inconstitucional la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de no evaluar a los maestros, por lo que pidió tomar las acciones que corrijan esa determinación.
«Que no haya modificaciones a reformas fundamentales como la educativa, porque también se vigila interna y externamente por qué ante cualquier cosa se puede cambiar una modificación constitucional, que está avalada por las leyes», explicó el empresario.
Añadió que «es muy difícil creer que algo inclusive electoral pueda intervenir en el gran esfuerzo por preparar a los niños y jóvenes para que puedan competir en el siglo XXI. Esperemos que se corrija lo más pronto posible, porque no podemos perder tiempo en preparar con calidad», aseveró González y agregó que no es muy difícil entender esa decisión, en un tema tan trascendental y ver que la SEP ya quitó de su página de Internet ese comunicado.
Para el líder del CCE no se puede ir en contra de las reformas estructurales y sobre todo de la educativa, que es la más importante de todas.
Aparte, organizaciones de la sociedad civil y un grupo de ciudadanos rechazaron la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suspender la evaluación docente, pues consideran que esta medida es ilegal, viola la Constitución, invade atribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) e impide el cumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
«Cancelar las evaluaciones docentes nulifica la reforma educativa, traicionando a millones de alumnos de nuestro país. Se da la espalda a las decenas de miles de buenos maestros que añoran un sistema educativo en el que sea el mérito, y no consideraciones políticas y de lealtad sindical, lo que determine su ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción en el Servicio Profesional Docente», afirmaron las organizaciones encabezadas por México Evalúa, Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y Mexicanos Primero.
A través de un comunicado, el grupo señaló que la decisión de la SEP envía un mensaje desalentador y contrario a la excelencia educativa a los 190 mil 234 docentes aspirantes a un nuevo ingreso y a los 59 mil 554 maestros que buscan promoción.
Lamentaron que con esta acción de la SEP, el Gobierno federal boicotee la implementación de la reforma educativa, pues al suspender la evaluación docente, las autoridades sacrifican la posibilidad de avanzar los esfuerzos por una educación de calidad, sostuvieron.
«Lo peor es que ocurre al ceder a chantajes de grupos organizados dentro del sistema educativo que están interesados en perpetuar prácticas contrarias a la excelencia educativa como son el otorgamiento de una plaza magisterial de forma automática a todo aquel egresado de las escuelas normales públicas, o como pasa con el ascenso al escalafón magisterial a través de autoevaluaciones, participaciones en marchas y plantones y otros mecanismos ajenos a la rendición de cuentas y la calidad educativa», afirmaron.
Por lo tanto, exigieron al presidente Enrique Peña Nieto revocar esta decisión y no permitir que la educación «se use – ante chantajes y amenazas políticas – como moneda de cambio para negociar con grupos que sistemáticamente violan la ley de forma impune, o como concesión a las cúpulas sindicales que detestan el mérito».
Además convocaron a los ciudadanos y a las autoridades a manifestar su apoyo al INEE, a exigir que no se invadan sus atribuciones y a repudiar esta medida que afecta el derecho a la educación de los niños y jóvenes en el país.
