En 47 de los 69 penales mixtos que hay en el país existe un régimen de autogobierno, lo que pone en situación de riesgo la seguridad de las internas y del personal, denunció el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Entre los reclusorios con algunas deficiencias, el organismo mencionó los penales de Tamazunchale y Rioverde, en la entidad potosina.
Al presentar el informe Mujeres en reclusión, el ombudsman nacional dio a conocer que en los penales del país —hasta noviembre de 2012— se encontró a 377 niños viviendo con sus madres y a 48 internas embarazadas, sin que existan condiciones dignas para su estancia. En el penal de Islas Marías, por ejemplo, no hay un área para que residan las internas con sus hijos, ni condiciones para proporcionarles dieta, pañales y cuidados especiales a los recién nacidos.
Informó que de 1997 a junio de 2012, la población femenina en los penales del país se incrementó 167.62%, lo que ocasiona que en la actualidad haya una sobrepoblación de hasta 97% en prisiones como el Centro Preventivo de Reclusión Femenil de Guadalajara, que tiene 505 internas, cuando su capacidad es para 256.
El reporte, elaborado a partir de visitas hechas a las prisiones por personal de la CNDH, indica que en el país hay 11 mil 901 internas, 74% del fuero común y 26% del federal. Como parte de ese universo, hay 290 mujeres indígenas en situación grave, pues además de las deficiencias generalizadas que padecen, no reciben la asistencia de intérpretes ni se toman en cuenta sus usos y costumbres.
Plascencia Villanueva indicó que de los 418 centros de reclusión que hay en el país, sólo 10 son exclusivos para mujeres, por lo que el resto de las internas tiene que convivir con los varones en condiciones de desventaja, sin espacios apropiados para ellas y padeciendo tratos indignos y sanciones excesivas.
Los visitadores encontraron que no hay una correcta separación de hombres y mujeres, particularmente en las áreas de ingreso, observación y clasificación; además de que las internas no tienen acceso a los servicios médicos ni a instalaciones como patio, aulas, talleres y áreas deportivas.
En los centros de Readaptación Social número 2, en Gómez Palacio, Durango; en el Regional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; en el de Reclusión Estatal de Tamazunchale y el de Rioverde, San Luis Potosí; en el de Ciudad Obregón y Hermosillo I, Sonora; en el de Huimanguillo y Comalcalco, Tabasco, las internas no tienen acceso a los servicios médicos ni a las diversas instalaciones en igualdad de condiciones que los hombres.
El ombudsman afirmó que el régimen disciplinario es excesivo en el caso de las mujeres, pues no se respeta el debido proceso, no son notificadas por escrito, y algunas de las sanciones consisten en la suspensión de las visitas familiares e íntimas.
Entre los tratos indignos detectados en las prisiones, la CNDH recibió el testimonio de algunas reclusas que se quejaron porque durante los cateos o revisiones se les obliga a quitarse el uniforme permaneciendo en ropa interior ante los oficiales. En el caso del Complejo Penitenciario Islas Marías, las internas mencionaron que las sanciones que se imponen como medida disciplinaria son el aislamiento temporal y la restricción de las llamadas telefónicas con sus familiares, a las que tienen derecho.
Ante este diagnóstico, el presidente de la CNDH propuso a los gobernadores de los estados, al jefe de Gobierno del Distrito Federal y al comisionado nacional de Seguridad, que se asignen recursos y se diseñen políticas penitenciarias con enfoque de género para mejorar las condiciones de reclusión de las mujeres, toda vez que cualquier reo “tiene el derecho de cumplir con sus penas en condiciones dignas”. Entre las propuestas están el contar con instalaciones apropiadas para la atención médica, con espacios que permitan el desarrollo infantil; garantizar servicios básicos de sanidad, alimentación y actividades que permitan la reinserción social, así como elaborar manuales para regular la aplicación de medidas disciplinarias, en las que se respeten los derechos humanos y el debido proceso.
