De especial horror fueron los años de 1868 y 1869, para la ciudad de San Luis Potosí. La violencia, como nunca, se desató; a las escandalosas licenciosidades del diario y de todos los rumbos, se sumaron robos y algunos asesinatos, y por primera vez se supo de lo que era el plagio.
Ya en 1850, se había dado el asesinato del sacerdote Antonio Gómez, en el barrio de la Alfalfa; en 1853 el del gobernador Julián de los Reyes; en 1864 un secuestro en Charcas, el del comerciante Francisco Molleda; años y sucesos que consternaron a los potosinos de entonces; pero hasta julio de 1868, no se había experimentado en esta ciudad la angustia de los secuestros.
El primero, en el ya referido julio, fue el secuestro del médico José María Souza; luego ocurrió el de Ignacio Machuca, rico minero con propiedades en Sierra de Pinos; vino después, en septiembre de 1869, el turno de José María Tenorio, insufrible y avaro casateniente, levantado por el rumbo del Cobre (Independencia y Comonfort) y enchiquerado por la huerta del doctor López Hermosa, mientras negociaban el rescate.
Si bien era un San Luis más pequeño y primitivo, las autoridades se hallaban comprometidas con sus gobernados. Fue el gobernador Carlos Tovar quien tomó en sus manos el asunto, y fue eficazmente auxiliado por Cipriano Martínez, jefe político de la capital.
No pasó mucho tiempo para que el plagiado fuera rescatado, y los culpables que se lograron atrapar, encapillados; otros huyeron hacia la zona de Venado. Aquellos, indultados por la Legislatura –mediocre al igual que la actual– acabaron siendo enviados a San Juan de Ulúa; éstos, los prófugos, fusilados por orden del coronel Blas Mayagoitia, insurrecto partidario de Juan Bustamante, quien tuvo la buena puntada de enviar sus cadáveres al gobernador, con todo y unas talegas con monedas de oro, anticipo entregado del rescate.
Ni la primera sentencia dictada contra los secuestradores, ni el fusilamiento sin causa ordenado por Mayagoitia, causó consternación entre la sociedad; se aplaudieron sentencia y acción. Antes bien, las turbas enardecidas apedrearon la sede del Congreso cuando se supo del indulto, y el propio gobernador Tovar presentó su renuncia por la infame disposición.
Eran tiempos en que había garantías para la gente de bien.
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Cierra la semana con una sociedad aterrorizada frente a una nueva intrusión de violencia: una ejecución, un asalto, un linchamiento concluido, y otro dejado a medias. Esto frente a un secretario general de Gobierno que, lejos de asumir la responsabilidad que le corresponde, culpa por falta de coordinación a policías municipales, y un secretario de Seguridad que no da la cara.
Es pública y notoria la incapacidad de Leal Tobías, como conocidos son también sus dotes de escapista frente a situaciones que de alguna manera lo evidencien como un incapaz. Pareciera, más bien, que se ha convertido en el perfecto administrador del caos, que posteriormente generará conflictos mayores al gobernador, quien tampoco tiene los ingredientes necesarios para pedir su renuncia.
No es que no estemos acostumbrados a funcionarios incapaces, ni que nos asuste la nota roja, ambos son el pan nuestro de todos los días lo que sorprende y conmociona, es que dos de estos sucesos ocurran en una zona en que tradicionalmente nada ocurre: Las Lomas y Plaza San Luis. Si ya la violencia llega hasta allá, qué podemos esperar los habitantes de otras latitudes.
Pareciera que anticipándose a catástrofes mayores que pudieran venir en el municipio vecino de Soledad, y olvidando los agravios infligidos al Polluelo Gallardo, han requerido los servicios de José Luis Urban, al frente de la Dirección de Seguridad en Soledad. Supongo que fueron zanjadas ya las diferencias de pasado, y el triunvirato soledense decidió incorporarlo a sus nóminas.
Mientras no se encuentre por allá terrenos de difuntas de los que quiera apropiarse (así como hizo acá con los bienes de Ruth Arvide), todo está bien; que ponga en orden el municipio, así como metió en cintura al prepotente Gallardo. Todos tan sin dignidad.
Pero pues de dignidad no se vive; la dignidad no paga facturas, ni colegiaturas, ni remedia males económicos, ni paga seguros médicos; si no que pregunten a nuestros diputados, que por un lado andan en la rebatinga de la destitución de su oficial mayor, y por el otro, se hace público que bien supieron mermar los dineros oficiales, para pagar sus seguros médico y de vida. No fue exclusivo de Belmárez, éstos también resultaron unos muertos de hambre sin ninguna dignidad; pero tiene lógica, de no comer caliente a tener gas las 24 horas, y hasta bañarse, a costa del presupuesto público, debe ser una maravilla.
Por lo menos en el caso de los diputados morenistas y demás satélites, mientras AMLO exhorta a la observancia de la pobreza franciscana, éstos se despachan como si estuvieran en año de Hidalgo; sólo faltaría que el diputado Carrizales quisiera cobrar su seguro de vida luego del auto atentado (por ir en carro, pues). Sería interesante, por cierto, ya que ha resultado tan enfermizo, saber cuántas veces ha hecho uso de este servicio, porque dicho sea con todo respeto, no creo que se pueda atender sin ese seguro.
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En otro orden de ideas, pero también dentro del tema de la salud, ya veremos qué ocurre en el caso de la calera que, en los últimos días de gobierno de Ricardo Gallardo, se autorizó para que funcionara en el oriente de la ciudad. Esperemos que en realidad le interese al alcalde Xavier Nava el tema ambiental, y no sólo hubiera actuado en el caso de los terrenos de la presa San José, por ser propiedad de los Gallardo, y por la zona en que se encuentran. Aunque no dudo que él tenga buenas intenciones, pero su equipo de trabajo es casi como el del palacio de enfrente, en el campo de la ineficiencia tienen certificación garantizada.
Dicen los que saben, y los que no, repiten, que hoy es sábado social, disfrútenlo, pero no se excedan.
