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Miguel R. Valladares García

lunes 30 de noviembre de 2020

Males chiquitos

  El talante atenúa todo escándalo relativo a responsabilidades en obra y administración públicas. No importa si la anomalía es cierta o no, si hay […]

Adriana Ochoa

 

El talante atenúa todo escándalo relativo a responsabilidades en obra y administración públicas. No importa si la anomalía es cierta o no, si hay sanción que aplicar y a quién, importa que no genere ruido ni incomodidad a nadie.

 

 

Que el colapso de una obra pública en construcción no genere daño económico al erario, no debe ser de otra forma. Pésimo asunto sería que los fondos públicos pagaran las fallas de un constructor. A esa aseveración del mal menor se han agarrado en Gobierno como un mantra. Es más, que ni retraso habrá para concluir lo contratado. No se hable más del tema.

Es del dominio público la aversión que el titular del Ejecutivo del Estado le tiene a los escándalos, del corte que sean. El desplome en una obra tan visible como otro brazo en el distribuidor vial Juárez no es el tipo de notoriedad que pudiera llevarse con algún gusto. Para el Gobierno entero, el tema es un asunto de empresas y serán los contratistas quienes cubran lo que haya que pagarse por este incidente. El proyecto fue asignado a tres empresas: Sánchez Valdez Construcciones, Maquinaria y Renta de Zacatecas y Constructora Santos Chisum. El presupuesto establecido fue de 218 millones 534 mil 294 pesos con 36 centavos.

Las primeras explicaciones oficiales, todavía no soportadas en un peritaje profesional, apuntan a un desgaste en la cimbra de madera y la estructura metálica para el vaciado de una cabeza de soporte para trabes. Los accidentes suceden y cuando suceden, a levantarse y seguir adelante, es la actitud oficial. La serenidad en un gobernante cuando las cosas no salen bien es buena, sobre todo en tiempos de políticos estridentes y enamorados del reflector, pero no hace prueba exculpatoria ni exenta de responsabilidades a quien las tiene.

En una acción política, porque es muy ingenuo suponer que no tiene ese móvil, el PAN y su fracción presentaron una denuncia ante la Contraloría del Estado sobre el accidente de construcción. La bancada blanquiazul al completo exige que la Contraloría investigue y establezca los incumplimientos de los funcionarios públicos a quienes obliga la Ley de Obras, y de Responsabilidades.

El alegato de Acción Nacional recuerda que la ley obliga a tener un residente de obra, encargado de monitorear todo el proceso constructivo y llevar evidencia puntual de ello. Si la madera de la cimbra o la estructura presentaba desgaste como señalan las primeras versiones, el residente debió notarlo, registrarlo y comunicarlo a superiores.

Si no lo hizo, o lo hizo muy mal, se trata de un incumplimiento de sus responsabilidades y eso no admite decoración que lo haga justificable, o por lo memos “pasable”. La acción panista se reconoce con móvil político, pero plantea preguntas pertinentes. Más cuando el residente de obra tiene un superior obligado a saber, el titular de la Junta Estatal de Caminos, la dependencia a cargo.

En cuanto a la responsabilidad empresarial, da la impresión de un intencionado manto exculpatorio antes siquiera de un peritaje. Que no se le toque ni con el pétalo de una presunción. Vale, que los costos los van a cubrir de sus bolsillos y asunto concluido, no se hable más. Ni se le nombra.

Desde luego, ya había salido la Contraloría a decir que investigará y dejará claro si existió motivo de sanción. Y la Auditoría Superior para precisar que lo suyo son las necropsias de la administración pública y no puede meterse a revisar obras en proceso, sólo asuntos a toro pasado, bien pasado.

Los dictámenes y sanciones de la ASE llegan por lo general cuando el funcionario ya ni está en el cargo, si es que llegan. Muy difícil que el órgano vigilante de la administración pública pierda la consideración de inocua mientras no se le rediseñe legalmente y se le pongan dientes de verdad.

Es precisamente una actuación bochornosa de la ASE la que trajo a cuento la lesividad de los órganos anticorrupción para el verdadero interés de los ciudadanos, esta vez en el caso Sandra Sánchez Ruiz. El entonces titular de la ASE, José de Jesús Martínez Loredo, firmó los dictámenes exculpatorios extendidos a la administración municipal de Ricardo Gallardo Juárez, tras la revisión a las cuentas en lo relativo a las compras de medicamentos a la hasta ahora ilocalizable proveedora.

Y como esos dictámenes quedaron firmes, entonces la muy sagaz Fiscalía tuvo a bien declararse sin materia que perseguir en las denuncias sobre los trafiques con compras de medicinas. Validan sin fisuras unos dictámenes de un señor que tuvo que irse del puesto porque no lo ejercía en plenitud de facultades. Dan por buenos los criterios de una Auditoría en su etapa más cuestionada por la confesa actividad corrupta de diputados que hicieron y deshicieron negocios a su amparo.

La Fiscalía tuvo un año completo para salir al fin con una batea de babas bajo el brazo y canalizar el asunto a instancia federal. El pretexto es ofensivo por cuanto es propio de sujetos incapaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Fue su salida ante la presión que ese mismo día le puso el Frente Ciudadano Anticorrupción con su protesta de pastel y mariachi en la sede de la Fiscalía, en el primer aniversario de su denuncia.

Con estos criterios que jibarizan la fosa séptica más extensa en la administración pública, ya se puede ir despidiendo el alcalde Nava de conseguir una sanción para todas sus denuncias, en la alcaldía y en Interapas.

Ante la destrucción sistemática de expedientes en el cambio de administración municipal, incluso con el abandono de enormes bolsas de papel triturado en los pasillos, es probable que ASE, Fiscalía y contralorías apliquen a las cuentas municipsles el argumento legaloide de “sin cadáver no hay crimen”.

 

ROLLOS SUELTOS

LA RAZÓN. Le llevó mucho tiempo y paciencia, pero el ex regidor Marco Antonio Zavala Galeana consiguió dictamen definitivo que reconoce su calidad de víctima por la apertura de un proceso injustificado de la Auditoría Superior, con amenaza incluso de inhabilitación. Lo acusaban de hacer votado a favor de un acuerdo inadecuado en el Cabildo, en una sesión en la que ni siquiera estuvo.

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COMPROMISO. A ver ahora qué hace el Congreso del Estado para cumplir la recomendación de investigar el tema y sancionar a los responsables, según el oficio enviado al presidente de la Jucopo, Edson. Quintanar.

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ASE PAGA A MAYORGA. De acuerdo con el reporte de egresos del mes de noviembre de 2018, en la web oficial de la ASE, hay una transferencia de 3 millones 745 mil 840 pesos con 83 centavos a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. Se supone que es para que su oficina funcione.

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FIGURAS DEL PASADO. Una buena explicación merece la denunciada presencia de “porros” en los alrededores de Contaduría y Administración, en ocasión de la zacapela en la que acabó el festejo del 14 de febrero. Los llamados “porros” son golpeadores al servicio de un grupo político o de interés. En los años setenta y ochenta eran una plaga violenta en las universidades. Se les creía extintos de la UASLP con la desaparición de las preparatorias.

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EXPERTOS FORÁNEOS. Cuando se buscan en la web de Aeronáutica Civil los dictámenes de accidentes aéreos ocurridos en San Luis Potosí o en los que perdieron la vida potosinos, la SCT sale con que aún no concluyen las investigaciones, no obstante que han transcurrido años, como el desplome del helicóptero en el que murió el empresario y ex candidato a gobernador de Guanajuato Juan Ignacio Torres Landa, en junio de 2013, en el Club La Loma.

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SE ENTIENDE. Entonces por qué razón contrató el gobierno federal a peritos extranjeros para sacar el dictamen del helicóptero en el que murieron la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, ex gobernador de la misma entidad, Rafael Moreno Valle.

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CREATIVO. Anda el dirigente estatal de Morena, Sergio Serrano, y su hilarante descalificación a las voces de su propio partido que piden su retiro del cargo: todo se debe, dice, a “fuerzas políticas que siempre han gobernado este estado” y quieren que siga todo igual. Se quedó ciclado en una época ya muy lejana.

 

 

LA TIRA DE LAS NETAS

FLORES EFÍMERAS

«Esas son modas que pasan. Salen, florecen, se marchitan y mueren. Como el hula hoop”.

Félix de Azúa, escritor, articulista y miembro de la Real Academia Española, sobre las demandas feministas de lenguaje inclusivo. El País (14/II).

 

PLURALIDAD COTIDIANA

«La vida es llevarse bien con gente que no necesariamente piensa como tú. En caso contrario no podría hablar ni a mi madre, que se ha casado con un torero y lleva pieles. ¿Qué hago, la mato?”.

Alaska, cantante, actriz, figura del glam-rock y disc-jockey hispano-mexicana, sobre las críticas por sus amistades con figuras de la derecha, en una España muy polarizada. Alaska es activista antitaurina y contra el uso de pieles de animales. S Moda (16/II).

 

UN IGNORANTE “CHISTÍN”

«Estamos en términos de honestidad: ¿Qué es una CEL? ¡Esto es un cel (extendiendo su teléfono)!”.

Jorge Anaya Mendívil, propuesta de AMLO al Senado para integrar la Comisión Reguladora de Energía, tratando de salir al paso con humor rupestre de la pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez: “¿Qué es un CEL (Certificado de Energía Limpia) y cómo se obtiene?”. Las cuatro propuestas del presidente fueron devueltas por no cumplir los requisitos de conocimiento sobre el tema. (13/II).

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