Fundador:
Miguel R. Valladares García

lunes 30 de noviembre de 2020

Cuestión de resistencia

                          La Cabala   Como en el boxeo, los políticos acusados de corrupción […]

Adriana Ochoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cabala

 

Como en el boxeo, los políticos acusados de corrupción aguantan sin caer un round tras otro. Si el alcalde Xavier Nava no ha encajado bien los golpes contra su antecesor, su pelea está comprometida.

 

Hace unos días, un juez federal dio por concluido el proceso de amparo que promovieron la ex alcaldesa Victoria Labastida Aguirre y sus ex colaboradores, Emigdio Ilizaliturri, Agustín Soberón Álvarez y el ex alcalde interino Miguel Ávalos Oyervides. Es asunto cerrado.

El fondo de las denuncias en contra de los ex funcionarios municipales no se tocó. No sabremos, entre otras cosas, que hacían los datos del procurador de Justicia del gobierno torancista para justificar la salida de unos gastos de apoyo por enfermedad. La señora sobrellevó incluso verse expuesta en el camino a una audiencia, con prensa esperando por ella.

El proceso tenía una falla de lo más elemental: se acusó a todos los funcionarios de todos los delitos por parejo, cuando las responsabilidades debieron atribuirse según el cargo de cada uno. Ni el secretario general Emigdio tenía que ver en supuestos de la sola facultad del tesorero, ni éste tenía por qué aparecer en una atribución delictiva hecha al regidor y ex alcalde interno Ávalos Oyervides. De primaria. Años para desmadejar, pero lo hicieron.

Tres meses antes de concluir la administración estatal de Fernando Toranzo Fernández, el secretario de Salud Roberto Ávalos Carbajal presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, “contra quien resulte responsable”, por la asignación y ejecución anómala en 2013 de un contrato por 155 millones de pesos para la construcción de clínicas en varios municipios.

Meitex, el contratista ganador, cobró 85 millones pero sus avances no llegaron ni a la tercera parte. En 2014 se le rescindió el contrato. Las clínicas programadas para ese contrato apenas están en vías de ser concluidas por el gobierno carrerista. Del secretario que dio esos contratos, Francisco Javier Posadas Robledo, no se volvió a saber, ni para bien ni para mal.

Madame Toranzo, la primera esposa del pasado gobernador, fue el centro de varias historias de falta de probidad, acompañada de familiares y protegidos. El Consejo Ciudadano de Transparencia elaboró un detallado expediente de las compras de desayunos escolares, asignadas “a dedo” a empresas poblanas y con sobreprecios escandalosos. Su sucesora, Lorena Valle, no se anduvo por las ramas para hacer público lo que encontró en el DIF.

Lejos de llevar el asunto de las compras de desayunos escolares a un tribunal, el gobierno carrerista asignó escolta a la señora Toranzo, no fuera a ser que en su condición vulnerable de vuelta a la vida sin privilegios alguien le cobrara sus malos modos, las vendettas personales que promovió con el aparato estatal “porque podía” o por lo menos su gusto por hacer cera y pabilo de las reputaciones ajenas.

Detenido en enero de 2015 con acusación de lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, el hoy diputado federal Ricardo Gallardo Cardona salió libre casi un año después porque los 200 millones de pesos en transferencias bajo sospecha no eran procedentes de actividades del crimen organizado, si no sustraídos de la alcaldía. Y la PGR no lo había acusado de malversación de fondos públicos.

Aun así, la Comisión Nacional Bancaria no descongeló sus cuentas en bancos, a nombre de empresas de las que era directivo y accionista, y a las que “transfirió la cantidad de $119,312,800 (ciento diecinueve millones trescientos doce mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional)”.

En una de estas empresas, a donde más dinero canalizó, “recibió en sus cuentas bancarias $115,286,800.00 (Ciento quince millones doscientos sesenta y seis mil ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), lo que contrasta con la información enterada al Fisco Federal, ya que presentó la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013, ‘en ceros’.

Así mismo, durante el periodo correspondiente del mes de enero al mes de agosto de 2014, presentó las Declaraciones mensuales definitivas del Impuesto al Valor Agregado, ‘en ceros’”. Empresa que recibe 115 millones en cuentas y no reporta ingresos, la fiscalía lo interpretó como lavado.

El tema fue a dar hasta la Suprema Corte, a manos del ministro Eduardo Medina Mora. Y mientras, el litigio corría, con los tiempos que otorga el sistema de justicia, el ex edil se encaminó a la curul federal que hoy ocupa. Desde ahí verá pudrirse en tribunales todo proceso en su contra.

Lo mismo doña Sandra Sánchez Ruiz, la proveedora favorita de medicamentos en la alcaldía capitalina de Ricardo Gallardo Juárez. Buscó el amparo. Obtuvo una reposición del proceso por defecto. Perdió en definitiva. Pero no hay forma de que pise una audiencia ante un fiscal, a lo mejor porque no existe.

La lección final es que las denuncias de corrupción en este país se pierden en la noche de los tribunales. Ni siquiera puede saberse si son inocentes o no, porque no se toca nunca el fondo.

La administración de Xavier Nava Palacios hace una campaña ruidosa de regreso a la decencia y denuncia una larga serie de barbaridades de su antecesor, del escamoteo de ingresos en Parquímetros a la destrucción de papelería de la administración, del expolio en Interapas a la pedregosa relación con los constructores.

Todos los días algo anómalo, abusivo, bárbaro o corrupto mondo y lirondo. El acumulativo de sus acusaciones contra Gallardo Juárez da para que el ex alcalde se tome una temporada en alguno de esos países en donde todo lo que vuela es comestible, excepto los aviones, y con el que no tengamos tratado de extradición. Hacer que esas denuncias se formalicen y encuentran camino en una fiscalía y en un juzgado, ahí está el reto, el imposible.

Todo el sistema de fiscalización, vigilancia y sanciones a los gobiernos en este país es una esperanza que se mantiene viva unos años para frustrarse, nada más.

Hay un adicional no desdeñable para ser poco optimistas con la hoja de ruta de Nava Palacios: va solo en su agenda de señalar la corrupción y los malos manejos de su antecesor. El partido que le dio el registro anda en un canal distinto. No tiene aliados laterales. ¿Alguien recuerda un pronunciamiento de respaldo de panistas a estas denuncias?

En el legislativo local, el PAN sigue la lógica parlamentaria: negociar con quien tenga que ser, incluido el diputado que fue tesorero de la administración cuestionada por Nava. Es un voto necesario. Y en el partido, Nava se enredó mal en la elección de dirigente estatal y los ganadores le reprochan haber apoyado a otra opción, o por lo menos haber dejado en evidencia cierto penchant por la planilla del adversario Jorge Lozano Soto. No parece haber panismo que se alinee con el alcalde capitalino.

Para sus denunciados, las acusaciones de Nava son cuestión de resistencia entre amparos y abogados retorcidos. Cosa de tiempo y aguantar a que pase

la embestida.

 

ROLLOS SUELTOS

INDÍGENAS VS NAVA. Como representantes de la comunidad Mazahua en el municipio capitalino, Vicente Domingo Hernández Ramírez y David Tomás Martínez García promovieron juicio de amparo contra el alcalde, Xavier Nava Palacios, por “la omisión en que incurre al no haber creado el Departamento de Asuntos Indígenas o la Unidad Especializada en Asuntos Indígenas”.

MIGRANTES. Como se sabe, el municipio capitalino no tiene población indígena. Probablemente al alcalde nunca le pasó por la cabeza que tendría una demanda de etnias, porque de origen no las hay. Si acaso, San Luis Potosí es lugar de residencia desde hace décadas de comerciantes triquis, de Oaxaca, dedicados a la venta de artesanía, así como ocasional punto de paso de huicholes o wixárikas de Jalisco, Nayarit y Durango en su tránsito hacia o desde Real de Catorce. El pueblo Mazahua tiene presencia originaria en el Estado de México y Michoacán.

EL ALEGATO. El reclamo Mazahua se fundamenta en “el supuesto jurídico vinculante contenido en la Ley Reglamentaria del artículo 9 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí, que previene en su artículo 4 la obligación de los Gobiernos Municipales de constituir una Unidad especializada en asuntos indígenas”. El abogado patrono de los quejosos es el catedrático de la Facultad de Derecho Guillermo Luévano Bustamante.

DÓNDE Y CUÁNTOS SON. Al juez federal también le extrañó el reclamo de una etnia al alcalde de una ciudad sin pueblos originarios, porque se entrada pidió dos cosas: que manifiesten la ubicación, superficie o localización de su comunidad así como los miembros que la integran, “para establecer la procedencia de su demanda”. Y que presenten alguna resolución, acuerdo o acta que les otorgue la representación de la comunidad Mazahua de San Luis Potosí, de ser así.

ETNIAS IMPORTADAS. El único estado que reconoce como etnia “propia” a pobladores mazahuas es Coahuila, pues arribaron a Torreón para hacer comercio y ahí se asentaron. Igual, y si la justicia federal lo considera, acaba Nava creando una oficina de Pueblos Indígenas… de importación.

FEO, FEO. Se puso el ambiente en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado por el despido de dos funcionarios “de cuota”: el Coordinador de Asuntos Jurídicos, Roy González Padilla, y América Loera Gutiérrez, quien era la sub coordinadora de Servicios Internos. El diputado conciencista se fue sobre el priista Mauricio Ramírez Konishi.

 

LA TIRA DE LAS NETAS

SUEÑOS DE AYAHUASCA

“Se los digo con certeza. Yo ya fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en un mensaje a la nación, respecto de la grave crisis económica que ha obligado a miles de venezolanos a emigrar. Excélsior (18/I).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDO A DISTANCIA  DESDE SAN LÁZARO

“Agradezco al Diputado Federal @RG_SLP así como al Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, @GilVillafuerte su confianza en designarme como Director de Desarrollo Urbano”.

Fernando Gámez Macías, en su cuenta de Twitter tras su nombramiento como director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal en Soledad de Graciano Sánchez (16/I).

 

MIRIÑAQUE PARA CHAVOS BANDA

“Ya no hacen a los pandilleros como antes, ahora salieron muy nenas”.

@sergiolzslp, en respuesta a declaraciones del diputado petista Pedro Carrizales “El Mijis”, quien aseguró que precaristas de la privada Movimiento Juvenil lo golpearon. Los precaristas lo acusan de fraude con predios cuya propiedad les prometió.

 

 

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