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Miguel R. Valladares García

lunes 30 de noviembre de 2020

Papa caliente Morena: otro pleito

La Contraloría General del Estado confirma que, aunque las irregularidades millonarias en el uso de los recursos federales presupuestados para el remozamiento de la calle […]

Pulso

La Contraloría General del Estado confirma que, aunque las irregularidades millonarias en el uso de los recursos federales presupuestados para el remozamiento de la calle Fray Diego de la Magdalena son responsabilidad del gobierno de Ricardo Gallardo Juárez, para la Auditoría Superior de la Federación, la dependencia que detectó las irregularidades, la responsabilidad seguirá del lado del gobierno estatal hasta que la irregularidad quede solventada.

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Resulta curioso que el funcionario estatal admita lo que expresa la ASF en el documento, cuando la primera reacción de la CGE fue tomar distancia de los recursos observados que fueron ejecutados por varias alcaldías, pero que fueron entregados a la administración estatal. ¿De quién es la responsabilidad, entonces?

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El reconocimiento puede cambiar el estado de cosas que guarda el problema de las irregularidades registradas en la anterior administración municipal.

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Para nadie es un secreto que la Fiscalía General del Estado no parece muy interesada en resolver las denuncias penales que se han presentado contra las presuntas irregularidades de la gallardía.

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Que la denuncia contra las operaciones millonarias que beneficiaron a la fantasmal Sandra Sánchez Ruiz haya cumplido un año sin avances es un claro indicio de ello.

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La aparente inacción de las acciones del gobierno del estado (no hay que olvidar que el titular de la Fiscalía, en teoría autónoma, lo nombró el gobernador Juan Manuel Carreras López), podría ser puesta en la balanza.

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Y esto porque el gobierno estatal deberá cargar como lastre unos 130 millones de pesos en observaciones por anomalías que, en los hechos, no son su responsabilidad.

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La alternativa de la aclaración del destino de los recursos está fuera del alcance totalmente, dada la desaparición de los documentos comprobatorios.

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Igual de lejana está totalmente la opción de la devolución de los recursos. La alcaldía no los tiene, y, si los tuviera a la mano, seguramente no los destinaría a ese fin.

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Queda el camino de las sanciones. Y, a nivel local, la vía más rápida para imponerlas, después de una investigación que deslinde responsabilidades, es la Fiscalía General del Estado.

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La unidad no es algo que se les dé muy bien a los morenistas. Apenas presumían un fragmentario respaldo a la figura de Gabino Morales como delegado del gobierno federal, la destitución de la diputada federal María Luisa Veloz como presidenta del Consejo Político Estatal revuelve las aguas del partido en San Luis.

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Si siguen así, el partido del Presidente de la República no necesita de adversarios para que en 2021, pierdan todo lo logrado en 2018.

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