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Miguel R. Valladares García

lunes 30 de noviembre de 2020

La ASF, tras Gallardo Cada quien sus cuentas

El gobierno de Xavier Nava Palacios acaba de recibir un gran espaldarazo de parte de la Auditoría Superior de la Federación con las observaciones millonarias […]

Pulso

El gobierno de Xavier Nava Palacios acaba de recibir un gran espaldarazo de parte de la Auditoría Superior de la Federación con las observaciones millonarias sobre la inexistente obra de remodelación de Fray Diego de la Magdalena.

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Y, en contraparte, la causa de su antecesor perredista Ricardo Gallardo Juárez sufre un duro golpe, pues ahora ya no sólo va tras él Nava, sino también la ASF.

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El hallazgo de la auditoría federal es devastador y concuerda con las denuncias ya escuchadas aquí: el gobierno gallardista pagó más de 200 millones para una obra que nunca construyó. Ahora, la ASF le reclama la parte de recursos federales.

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La cosa se pone más interesante por el hecho de que ahora, el Gobierno del Estado también está involucrado, al provenir los recursos objetados de una partida que, administrativamente, fue recibida por el gobierno de Juan Manuel Carreras López.

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En tanto no se solventen las dos observaciones que generaron las anomalías de Fray Diego de la Magdalena, la administración carrerista deberá cargar con la mancha en su cuenta pública, como se explicará más adelante.

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Las versiones de que Palacio de Gobierno podrían beneficiar a la gallardía con una benéfica inacción en torno a las denuncias navistas contra las irregularidades de su antecesor podrían dejar de tener validez ahora que, por la intervención de la ASF, el pellejo estatal también está en juego si no se resuelve satisfactoriamente la irregularidad.

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Ante el caos que significó la entrega recepción municipal, dicen fuentes familiarizadas con el caso, el gobierno navista no tiene cómo comprobar el destino de los recursos. La alternativa de devolverlos es impensable. Sólo queda la persecución penal.

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El tiempo que se demore la resolución de este caso correría entonces contra el gobierno estatal que, pese a lo que diga la Contraloría General del Estado, tiene la responsabilidad de responder por ese fondo.

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Ante los resultados de la revisión de la ASF a los recursos federales de 2017, la CGE ha adoptado una postura de pintar su raya con respecto a los ayuntamientos y reconocer sólo lo que, juzga, le corresponde.

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De ahí la diferencia de cifras que ha manejado su titular, Gabriel Rosillo, quien acepta sólo 164 millones de pesos en las observaciones que hace la ASF al presupuesto manejado por la administración estatal. La ASF, en contraste, maneja un monto de 441 millones de pesos irregulares.

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La diferencia estaría en observaciones hechas a fondos oficialmente asignados al gobierno estatal, pero que fueron ejecutados por varios ayuntamientos, además del capitalino.

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La medida es lógica si se piensa en la estrategia de minimizar el daño a la imagen de la administración. Pero el papelito es el que habla, y en tanto la ASF no determine otra cosa, las observaciones, y el dinero involucrado en ellas, corresponden a la administración estatal.

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¡HASTA MAÑANA!

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