Hubo una época (no muy lejana, acá en México) en donde desde la disciplina de la administración pública se enseñaba una corriente denominada Nueva Gestión Pública que tenía como meta fundamental, recuperar y dinamizar la capacidad administrativa del estado. La renovación del aparato burocrático se lograría a través de la implementación de un conjunto de herramientas de gestión que permite a las entidades gubernamentales, prestar servicios eficaces y efectivos con parámetros claros de eficiencia en el ejercicio de los recursos.
Este enfoque de Nueva Gestión Pública tardó un tiempo (unas dos o tres décadas, más o menos) de pasar de los libros a las aulas y de las aulas a las oficinas de gobierno. Quienes se han metido con seriedad en el asunto pueden asegurar que en México el proceso de reforma administrativa nos ha tomado varios sexenios con resultados favorables, pero heterogéneos. Mientras que en dependencias gubernamentales del ámbito federal puede identificarse que los modelos de gestión son más desarrollados y cuentan con mayores mecanismos de seguimiento y control, la realidad de las administraciones locales es contrastante y paradójica: mientras más pequeña es la organización sería más sencillo iniciar y anclar cambios organizacionales de mejora en la gestión, pero esto no ha ocurrido de manera consistente entre las miles de dependencias gubernamentales del ámbito local.
Esta realidad ha detonado una cierta cantidad de diagnósticos erróneos, falaces o imprecisos. Desde esta perspectiva se sugiere que las organizaciones gubernamentales del ámbito local son débiles, incompetentes y probablemente corruptas, por lo que es necesario implementar modelos centrales fuertes, sofisticados e incorruptibles que garanticen la eficacia de la acción del estado a lo largo y ancho de los 5’120’679 kilómetros cuadrados de soberano territorio nacional. Esta manera de ver al país pasa por alto los fundamentos de pertinencia política y administrativa del sistema federal, haciendo de lado, por dolo o por imperdonable desconocimiento, el principio de subsidiariedad.
Lo explico rapidito. La subsidiariedad es un principio de orden secuencial que establece que un asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima al objeto del problema. No es necesario que el gobierno de la República repare el bache que está frente a su casa, eso lo debe resolver mejor y más rápidamente el gobierno de la ciudad. Este principio implica que la autoridad nacional debe abstenerse de asumir funciones que pueden ser (o que son) cumplidas eficientemente por las instancias gubernamentales locales. Y si fuera el caso de que un determinado fenómeno rebase a las capacidades institucionales de un ámbito gubernamental, entonces sí es pertinente la intervención coordinada de una instancia supra que ejerce otras capacidades de gestión.
El debate sobre el modelo federal que se debe implementar nuestro país no es inédito. A quienes recién se integran a esta discusión, recomiendo echar un vistazo a los argumentos de Lucas Alamán frente a los debates entre Fray Servando Teresa de Mier y José Miguel Ramos Arizpe (1823-1824). La discusión se centraba, principalmente en adoptar un modelo central europeo, encontrar una solución federal o desmembrar al país.
Enrique González Pedrero en su obra “País de un solo hombre: El México de Santa Anna” recupera una cita del diputado constituyente Lorenzo de Zavala y que comparto a continuación:
“La república federada ha sido y debió ser el fruto de sus discusiones. Solamente la tiranía calculada de los mandarines españoles podía hacer gobernar tan inmenso territorio por unas mismas leyes, a pesar de la diferencia enorme de climas, de temperamentos y de su consiguiente influencia. ¿Qué relaciones de conveniencia y uniformidad puede haber entre el tostado suelo de Veracruz y la heladas montañas de Nuevo México? ¿Cómo pueden regir a los habitantes de la California y la Sonora, las mismas instituciones que a los de Yucatán y Tamaulipas?”.
En estas líneas el lector encontrará que nuestro país no vive las amenazas de estabilidad política que eran propias de las primeras etapas del México independiente que intentaba desprenderse del yugo español, pero que dos siglos después prevalece la enorme complejidad de nuestro territorio que hoy debe atenderse con tecnologías de gestión, no con centralismo decimonónico. Los problemas (reales o aparentes) de los gobiernos locales deben ser atendidos por medio del fortalecimiento de sus capacidades institucionales.
Twitter. @marcoivanvargas
