En un país en crisis de derechos humanos como el nuestro, llama la atención que los politólogos expliquen el voto de castigo del 5 de junio en función a la corrupción y la inseguridad, y no por violaciones a los derechos básicos.
Ese mismo domingo también se fue a las urnas en el Perú, todas las encuestas previas a la jornada ubicaban a Keiko Fujimori cinco puntos sobre su contendiente, Pedro Pablo Kuzcynski, hoy sabemos que el resultado fue al revés. Pero, ¿Qué fue lo que generó el cambio en las tendencias a última hora? la excandidata presidencial de hecho era la segunda vez que contendía consecutivamente, en ambas instancias llegó y perdió en segunda vuelta. Cinco días previos a la elección las calles de Lima se vieron sorpresivamente abarrotadas por 50 mil manifestantes, que según, el diario español el Mundo, fue las más nutrida desde el fin de la última dictadura peruana, encabezada por Alberto Fujimori.
Ciertamente, resulta injusto achacarle las faltas y crímenes del padre a la hija, pues durante el régimen fujimorista, la ex candidata Keiko no tuvo decisión ni mando alguno, aunque tras el divorcio de sus padres se desempeñó como primera dama a sus 19 años de edad, es decir, una adolescente en un puesto más protocolario que operativo, por lo que es absurdo extenderle la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en dicho gobierno. Sin embargo, resulta evidente existió un miedo colectivo de los peruanos, ¿A qué se debe el temor al apellido Fujimori?
Alberto Fujimori, actualmente purga sentencias por delitos de lesa humanidad, derivadas de las masacres conocidas como la Cantuta y Barrios Altos, además de cinco casos de corrupción que el mundo conoció, a través, de videoescándalos donde se advertía la presencia del ex consejero presidencial, el capitán Vladimiro Montesinos sobornando políticos opositores. Llegó a la presidencia en 1990 derrotando en segunda vuelta con el 60% al nobel Mario Vargas Llosa, al poco tiempo disolvió el Congreso Nacional con ayuda de las fuerzas armadas, estableció una nueva constitución para reelegirse indefinidamente; debemos recordar, que en el tercer periodo presidencial sino lo culminó fue porque huyó al Japón, de donde también era ciudadano, además, porque el Congreso lo destituyó por incapacidad moral. Encabezó lo que él llamó, gobierno de emergencia y reconstrucción nacional; para lograr la viabilidad legal del tercer mandato creó la ley de interpretación auténtica de la (su) constitución, destituyendo a tres ministros del Tribunal Constitucional que cuestionaban su validez.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Perú de Fujimori, en no menos de nueve casos, que involucraban asuntos de tortura, tratos crueles degradantes e inhumanos (en perjuicio de la profesora universitaria María Elena Loayza Tamayo), por el uso arbitrario del fuero militar, por valerse de una justicia con jueces sin rostro, por atentar contra la independencia judicial, por desaparición forzada, por cancelación de la nacionalidad al concesionario televisivo Ivcher Bronstein (como una forma de control hacia los medios de comunicación que no le eran afines). Su enjuiciamiento solo fue posible por la presión internacional, entre ellas Naciones Unidas al Japón, siendo detenido y deportado por Chile, al respecto no podemos olvidar que previo a la privación andina, Fujimori hizo una escala en Tijuana en ese 2005, sin que aquí se diera la captura como ya se precisó.
En corolario, la ex candidata Keiko no es responsable de las atrocidades paternales, sin embargo, después de saber las mismas también es de entenderse el sentimiento de temor del elector peruano, regresar a un régimen de terror y violatorio de los derechos humanos por más que hayan pasado 16 años, vamos es muy difícil de concebir.
Los mexicanos debiéramos de aprender del caso peruano, entender que estamos jugando con fuego, hace unos días de forma no muy usual, el gobierno mexicano le respondió a la ong Open Society, la imputación de crimines sistemáticos de lesa humanidad de parte de los cuerpos de seguridad; contestando el área gubernamental, que se cuentan con protocolos y manuales acordes con los derechos humanos, además de la voluntad de sancionar los excesos.
San Luis Potosí no se encuentra exento de esta problemática, estos días el Secretario de Seguridad, Arturo Gutiérrez, codeado del Procurador y del Secretario General (tal como este articulista ya vaticinaba desde la publicación del 27 de mayo), ofrecía un mea culpa por posibles actos de abuso de poder (sic), lo que llevó a la separación de un mando operativo y el compromiso de una mayor capacitación a los policías.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en voz de su presidente, manifestaba que no era suficiente, que se requería de una mayor garantía para no suceder otra vez. Ciertamente, como también lo señalaba en mi artículo de opinión de 3 de junio, el problema radica en que no es un hecho aislado. Plausible sin duda, son este tipo de pronunciamientos en los casos de Alondra o de Jair Segura (por las omisiones de la Laguna de San Vicente, como muy seguramente también sucederá).
Pero el punto nodal no es tanto la existencia de los protocolos, porque existen, sino de la capacitación de los policías en el uso de la fuerza pública legítima. Sin embargo, me parece que, debiéramos rescatar la primera declaración del General Arturo Gutiérrez a principios de este mes, quien precisaba que la corporación si ha recibido capacitación, de hecho de la propia CEDH, el argumento de descargo no es tan irreal, el organismo protector de derechos humanos tiene cerca de dos décadas de existencia y una de sus finalidades es precisamente la educación y promoción de respeto.
Sinceramente, creo que existen culpas compartidas, vamos haciendo una alegoría, es como si se tratara de un alumno que reiteradamente reprueba la materia y la explicación es ¿la falta de retención? Definitivamente, ahí también falla el docente. Capacitar no es simular, entregar un diploma y foto al feis. De la misma forma sucede con los jueces también, van a cursos y no obstante la justicia misógina existe.
¿Si las instituciones gubernamentales adiestradoras o los capacitadores fueran los que necesitaran la capacitación? la verdad importarían muy poco los egos y susceptibilidades dañadas, no hay que perder de vista el objetivo primordial, que el sistema nacional de derechos humanos funcione.
Los mexicanos debiéramos de aprender del caso peruano, entender que estamos jugando con fuego
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