Rafael Macedo de la Concha
En diversas colaboraciones he precisado que la consolidación de la democracia es aspiración del pueblo mexicano y piedra angular del cambio social.
Sin duda, en una democracia las instituciones públicas deben sustentarse en los principios de eficiencia, transparencia, legalidad y compromiso social. Es decir, en la democracia existe la posibilidad de establecer vínculos de corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y la sociedad organizada.
El Sistema Nacional Anticorrupción, surge como una exigencia de todos para que esta nación, deje atrás ese flagelo que tanto daño nos ha ocasionado. Hay que dejar atrás tiempos en los que estaba en duda la transparencia e imparcialidad de las instituciones públicas. Es nuestro Estado de derecho el eje rector de la sociedad y debe existir el compromiso de su conservación.
La participación ciudadana en la toma de las decisiones debe ubicarse en los espacios y procedimientos legítimos a la libre discusión de los proyectos, las ideas y los programas políticos que buscan dotar de confianza a los regímenes democráticos. Insisto, el pluralismo, la tolerancia y la ciudadanización de las instituciones, son divisas de las democracias modernas.
En este contexto, la aprobación en estos días del Sistema Nacional Anticorrupción, por el Poder Legislativo, convierte en realidad el legítimo reclamo social de combate a la corrupción; sabemos que queda todavía un arduo camino para que su contenido y alcance se materialice en los hechos, esta meta lograda deberá beneficiar al Estado Mexicano en todos sus aspectos y los ciudadanos debemos continuar trabajando en el establecimiento de las condiciones idóneas para asegurar el desarrollo y progreso de nuestro país.
Sabemos que la corrupción no es un fenómeno privativo de una sociedad; es un fenómeno que se ha globalizado. Existen factores de diverso orden que la han hecho posible, así lo han señalado especialistas en la materia; factores tales como de carácter social, políticos, económicos y culturales. Ellos coinciden al precisar que la corrupción afecta los cimientos de la democracia, destruye la estructura legal y produce un gran desaliento moral en la sociedad.
Es exigible observar que la corrupción, genera altos costos económicos que se traducen en la ineficiencia e ineficacia de las políticas públicas, así como en la pérdida de oportunidades de desarrollo.
Por su parte, los ciudadanos, al igual que los organismos privados y las instituciones públicas, limitan su acceso a una mejor oferta de bienes y servicios públicos y deben hacerse cargo de los costos adicionales —económicos y sociales— que generan las prácticas de corrupción.
Por las consecuencias señaladas, una de las más graves expresiones de las prácticas de la corrupción es la destrucción del Estado de derecho, así, la impunidad genera arbitrariedad y desesperanza social.
Ante este panorama, me sumo a quienes tenemos la confianza en que el Sistema Nacional Anticorrupción garantizará la coordinación de las autoridades participantes de todos los órdenes de gobierno y el fortalecimiento de sus competencias, la intervención efectiva de la sociedad civil, así como la modificación sustancial del régimen de responsabilidades de los servidores públicos y la integración de las funciones de prevención, control, fiscalización, investigación de responsabilidades administrativas y sanción de las mismas, entre otros aspectos, a fin de reducir la incidencia de estas prácticas.
Continuaré analizando en su integridad esta trascendente reforma constitucional aprobada por nuestro Congreso, la que cristalizará un cambio cultural, vinculado a la transformación del enfoque de los valores prevalecientes en nuestra sociedad.
Mexicanas y mexicanos, hemos trabajado arduamente para construir un Estado de derecho donde se garantice el respeto a los derechos humanos, porque se parte del principio de igualdad frente a la ley; donde podemos desarrollarnos en paz, respetando las diferencias ideológicas y políticas; donde es posible avanzar por la conciliación de voluntades, sin temer la represión a la libre expresión de las ideas; donde estamos convencidos de la construcción de un México más justo, transparente y equitativo. Está en nuestras manos; no más corrupción, no más impunidad.
Todo ello hace posible que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una realidad, no escatimemos esfuerzos para que se logren sus objetivos y así sacar a nuestro país de ese vergonzoso lugar donde se encuentran los países más corruptos, según los índices elaborados por Transparencia Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
