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Miguel R. Valladares García

martes 31 de marzo de 2026

Recomendación 2/2017

“Los muertos no pueden clamar por justicia. Es un deber de los vivos hacerlo por ellos” Lois McMaster Bujold Como lo advertía en mi anterior […]

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“Los muertos no pueden clamar

por justicia. Es un deber de

los vivos hacerlo por ellos”

Lois McMaster Bujold

Como lo advertía en mi anterior colaboración de hace 8 días, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí, a partir de la recomendación 2/2017, marca un quiebre en su trayectoria sobre su posicionamiento institucional histórico a las violaciones de derechos humanos en nuestra entidad, la gran mayoría de ellas habían sido por lesiones en contextos individuales, pero inclusive de las cuatro pronunciadas ya en la nueva administración de la CEDH tres de ellas siguen esta lógica individual, claro está, fueron procesadas en el periodo anterior.

Es por ello que esta Recomendación, me parece, establece uno de esos precedentes que llegaron para quedarse, o que en su caso se tardará algún tiempo considerable en lograrse otro pronunciamiento en el tema de la seguridad pública por omisión de obligaciones, cierto amiga lectora amigo lector, que este resultado se logra por la intervención de los abogados (as) particulares de la víctima que eran expertos en el derecho internacional, inclusive ya tenían experiencia en paneles y organismos interamericanos, pero también por una institución pública que fue buena receptora –sin falsos celos- lo que llevó a una sinergia positiva en donde todos ganaron.

Como opinaba en la primera parte de esta colaboración, si algo vivificó el reciente proceso de selección del Ombudsman, fue que las expertas y los expertos contendientes criticaron la trayectoria de la CEDH, por eso decía la investigadora del Colsan, la Dra. Alma Nava Bello, que había llegado el momento de un cambio de rumbo, a lo que se refería no era otra cosa, al posicionamiento ante los derechos económicos, sociales y culturales, desde luego, aunado a que el porcentaje de la cumplimentación de las recomendaciones es ínfimo casi nulo, las víctimas no son reparadas esa es la realidad.

Y mire usted amiga lectora amigo lector, a menudo uno escucha voces ignorantes que demeritan las recomendaciones de una Comisión protectora de derechos humanos, con el argumento de que sus resoluciones no tienen la fuerza ejecutiva de la sentencia deun tribunal, sin embargo, olvidan estas personas que los derechos humanos ante todo son reclamos de carácter moral, la codificación no es el punto nodal del todo, sino fuera así ¿Por qué cree usted que anteayer 24 de mayo, día de la fiesta patronal en la Laguna de San Vicente acudieron policías preventivos federales, estatales y municipales fuertemente armados?

Un par de respuestas a la anterior pregunta, la primera con respecto a lo que estábamos hablando, si las recomendaciones que son no ejecutivas fueran como las campanadas a misa, pues definitivamente no se explicaría la presencia de los uniformados; un comentario accesorio, ésta fue precisamente una de las discrepancias que sostuvieron enfáticamente los abogados particulares de las víctimas del joven Jair, quienes desde un principio señalaron que había más autoridades policíacas responsables por la omisión en la prevención del delito, en este sentido, la recomendación queda corta al sólo contemplar a la policía municipal de Villa de Reyes.

Por otra parte, hay que reconocer que no hubo ambulancia para prestar primeros auxilios ante cualquier eventualidad propia de una concentración masiva, tal como ordena la recomendación. La segunda respuesta es más bien un reproche de las víctimas (que comparto plenamente) quienes correctamente señalan, que fue muy alto el costo que se tuvo que pagar para que las policías cumplieran con su obligación de prevención, la vida de un joven inocente.

Los créditos de este logro ya los había manifestado desde la primera parte de este artículo (Pulso, 19/05/2017), pero no está de más volver a hacer una apreciación particular al respecto, a los abogados particulares de la víctima por haber diseñado esta acción exitosa de litigio estratégico, que logra apenas su primer fruto de los varios que se propuso en el tema que más preocupa a las potosinas y a los potosinos, la seguridad pública, felicidades pues.

RENATO SALES.- no quisiera cerrar esta columna sin referir a lo dicho esta semana por el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, quien manifestó que San Luis Potosí es uno de los lugares más seguros, pues los hechos delictivos de esta misma semana dicen todo lo contrario, (y que lamentablemente tampoco se trató de una semana inusual), ejecutados con violencia, feminicidios, robo con violencia en el transporte público, etc.

El argumento del Comisionado consiste en, que hay lugares donde la violencia y la criminalidad está peor, es por ello que, si en la ciudad de San Luis Potosí en un día tan sólo hay tres ejecutados “está dentro de lo normal”. Esto es lo peligroso de este discurso que tiende a “normalizar” situaciones que nada tienen de eso, es ubicarnos a las mexicanas y mexicanos como ciudadanas y ciudadanos de segundo nivel, en los países desarrollados la violencia se reduce o inclusive desaparece ¿Cuál es el afán de seguir comparándonos con índices de países en guerra?

Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.

carloshernandezyabogados@hotmail.com

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