La LXI legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí ha convocado a un periodo extraordinario de sesiones para este viernes siete del mes en curso; entre otros temas agendados para esta sesión se encuentra la propuesta de Ley de Participación Ciudadana, de la cual es necesario señalar que, consideramos, representa vital importancia en la relación del Estado y la Sociedad, fundamentalmente en relación a la legitimidad de la política social.
En nuestro entender, la posibilidad de ampliar el marco normativo para la participación ciudadana representa la oportunidad de continuar con la apertura de la estructura estatal a los intereses de la sociedad. Apertura sumamente necesaria para descentralizar la toma de decisiones sobre las necesidades inmediatas de la vida pública, de la vida en comunidad.
Es posible que quienes representan el discurso estatal señalen que ya existen mecanismos de participación ciudadana, como los foros de consulta – lo más popular –; los consejos ciudadanos, que se instrumentan desde la Contraloría Social; entre otros. No obsante, como le señalan los estudiosos del tema, la necesidad de mecanismos para el pleno ejercicio del derecho a decidir sobre la vida en común es muy grande; en la misma proporción pero en forma inversa, la cultura de participación ciudadana en México es muy reducida.
En el marco de la propuesta agendada para su consideración en la sesión extraordinaria, se plantea el Presupuesto Participativo; el que es definido como el mecanismo mediante el cual los habitantes decidirán – en el caso de su aprobación – del destino de “el equivalente al 15% de cada ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos del estado, destinado a la inversión pública”.
Conforme a la propuesta en cuestión es poco probable que, aún aprobada la Ley, se implemente una consulta para el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2019, toda vez que, como se describe en la propuesta, son los meses de agosto y septiembre el periodo comprendido para llevar a cabo la consulta que permitiera integrar los resultados al presupuesto del siguiente año.
De aprobarse la tan necesaria ley, la consulta sobre el presupuesto implica satisfacer una serie de necesidades para su implementación que parece poco probable -por la inmediatez de los tiempos- el ejercicio de dicho mecanismo propuesto.
Sin embargo, nuestro propósito gira en torno a la pertinencia de colocar el tema a la consideración de los lectores vinculando esta propuesta de ley a: el inminente cambio de las Administraciones Municipales, la conformación de sus programas o Planes de Desarrollo Municipal y, principalmente, al fomento de la cultura de Participación Ciudadana.
El Estado, dentro de sus tres niveles de gobierno, tiene en el nivel municipal la relación más inmediata entre ciudadanía y necesidades sociales, entre personas y vida cotidiana; no obstante, las respuestas a tales necesidades, como la salud y la educación, se encuentran centradas jerárquicamente en los niveles federal y estatal.
Si bien el proyecto de Ley que tenemos a la mano (de: Barrera Guillén, Belmares Herrera, Gaitán Díaz, et. Al./Junio de 2016) y del cual tomamos como base, propone que el Ejecutivo del Estado en coordinación con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), convocarán a la consulta del presupuesto participativo y que dicha consulta tendrá un marco regional (considerando las zonas como regiones), no obstante que representa una instrumentación desde el aparato de gobierno , la misma aproximación a las necesidades sentidas por la población en su entorno inmediato, es ya una condición de apertura de la estructura del estado frente a la ciudadanía.
Frente a este mecanismo de participación propuesto, consideramos que el rol de las administraciones municipales adquiere funciones relevantes como: la de identificar las necesidades sentidas de la población que representan, instrumentar proyectos de inversión que atiendan dichas necesidades y gestionar ante las administraciones de la región las alternativas de inversión que se propongan al ejecutivo para integrar a la consulta ciudadana.
Esto es, de aprobarse la Ley de Participación Ciudadana, en lo que corresponde a los Presupuestos Participativos, la representación municipal (gobierno municipal) y la participación ciudadana municipal tendrían, muy posiblemente, un proceso que los vincule para la satisfacción de necesidades locales.
Imagine usted a los ejecutivos municipales integrando diagnósticos sociales para la gestión de presupuestos que deberán ser votados. Esa sería la condición inédita de una parte del presupuesto: ser votado desde la ciudadanía. Es decir, la facultad hoy restringida al Legislativo para aprobar el Presupuesto de Egresos que propone el Ejecutivo; presupuesto centralizado en la estructura gubernamental que “interpreta” las necesidades de las personas de cada municipio de nuestro estado.
Puede parecer poca cosa, sin embargo, como ya se ha señalado, representa la posibilidad de que la ciudadanía (usted, nuestro vecino, nosotros), contemos con la posibilidad (aunque sea mínima) de influir en la toma de decisiones sobre nuestras necesidades.
Ciertamente que existen muchos factores que entrarán en juego, como el peso de los municipios más grandes (en cuanto a población y recursos) en cada región o zona del estado. Así como, el peso de las figuras representativas (alcaldes o presidentes municipales); el nivel de escolaridad de la población, entre otros. Sin embargo, el nivel de participación ciudadana puede tomar un papel complementario en lo que hasta hoy ha sido, regularmente, un papel de subordinación a los intereses y voluntades políticas de los gobernantes en turno.
A diferencia de otras entidades en nuestro país, como los casos de algunas entidades de la Ciudad de México, Guadalajara y la Zona Metropolitana de Monterrey, donde los procesos para la instauración de la Ley de Participación Ciudadana han mostrado un sustento más ciudadano, en comparación a las circunstancias de lo que ocurre en nuestro estado, aún así, la posibilidad de que se logre modificar los Artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí para dotar de la figura jurídica que reconoce la participación ciudadana como un derecho de la ciudadanía en las decisiones públicas a través de los distintos mecanismos como la consulta ciudadana vecinal, el plebiscito, la revocación de mandato y los presupuestos participativos, representa –sin duda alguna- un avance necesario para empoderar nuestras participaciones.
Es de esperar, en consecuencia, que dicha propuesta de Ley sea
aprobada.
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