Con el objetivo de que las comunidades indígenas, a través de sus Asambleas Comunitarias, tengan la facultad de otorgar o quitar una concesión o permiso de transporte público en sus regiones, el diputado Christian Sánchez presentó una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí.
Indicó que con esta modificación, las comunidades indígenas podrán tener voz para contar con un transporte público seguro y de calidad en sus comunidades, a fin de terminar con los graves abusos que viven actualmente para trasladarse desde sus comunidades a los centros poblacionales o cabeceras municipales para la realización de sus actividades diarias.
“Sufren fuertes abusos y maltratos por alguno de los prestadores de este servicio, con conductores que manejan en estado de ebriedad a alta velocidad, que se detengan a comer durante su trabajo estando la gente en el transporte quienes además viajan en condiciones inhumanas por las malas condiciones de los vehículos”, señala.
El legislador indica también en su exposición de motivos, que los abusos se permiten por la falta de inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comisionados a la huasteca sur, ya que solo existen dos para cubrir varios municipios, lo que deja en claro la falta de capacidad del propio sistema para realizar las tareas de supervisión en la citada región.
Sánchez Sánchez señala además que el transporte en las comunidades indígenas es deficiente, pero más aún inseguro y caro para una zona de alta marginación, por lo que es necesario otorgarles facultades a las Asambleas Comunitarias para que puedan velar por la integridad física de sus familias.
“Mientras en la capital potosina nos preocupamos por instalar cámaras de vigilancia en los vehículos de transporte público, por pagar el pasaje con un sistema electrónico, en nuestra región indígena el pasaje cuesta el doble o más que en la capital y se realiza en los vehículos pick up, por la cual las autoridades comunitarias tienen un gran interés en cuidar de su población, mediante la facultad para opinar sobre el otorgamiento de permisos o concesiones del transporte en la comunidad, lo que sería de gran valor e importancia”.
Destacó que ya en otras reformas legales se le ha otorgado facultades a las Asambleas Comunitarias, para que tengan facultades para resolver problemas sociales, de acuerdo a sus usos y costumbres, como fue el caso de la modificación a la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, que le otorgó la facultad para opinar sobre la expedición de licencias para venta en sus comunidades.
Esta iniciativa se encuentra en análisis al interior de las comisiones de Asuntos Indígenas; Comunicaciones y Transportes; y Gobernación.
