Una de las características del abuso de poder que más nos indigna a los mexicanos es la utilización arbitraria e irregular de los recursos públicos. En un país con tantas desigualdades económicas como el nuestro, de una correcta aplicación de los fondos públicos depende poder resolver los problemas que enfrentamos como sociedad.
Ya en muchas ocasiones, un servidor ha citado diversos estudios estadísticos y de opinión pública que documentan una crisis de credibilidad de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y con mucho énfasis en Poder Legislativo y los partidos políticos que ahí se encuentran representados.
Muchas personas consideramos que parte de esa crisis de confianza se debe a los enormes márgenes de discrecionalidad con los que nuestros representantes populares realizan su trabajo y a la ausencia de mecanismos reales de rendición de cuentas que les obliguen verdaderamente a responder por decisiones que toman a nuestro nombre y que en la mayoría de las ocasiones solo atienden una agenda de intereses personales y cuando mucho partidista.
Hablando de Poder Legislativo de San Luis Potosí, ha sido constante el señalamiento de muchas voces de la sociedad civil, exigiendo y proponiendo mecanismos de control legal para evitar los actos de abuso de poder y despilfarro de los recursos públicos, pero es evidente que aún nos falta mucho por hacer.
El pasado 16 de julio del presente año, el Consejo Ciudadano de Transparencia del Poder Legislativo, integrado por los señores vocales Laura Alicia Lara Nájera, Alejandro Pérez Rodríguez y Luis Gerardo Ortuño; el secretario José Ángel Medina Narváez; y su presidente Rodolfo Narro Loris, expusieron ante la opinión pública, un hecho a todas luces injustificable y presumiblemente ilegal. La disposición arbitraria de más de 19 millones de pesos por parte de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para beneficiar a particulares que no acreditaron fehacientemente su personalidad jurídica, ni su necesidad material. Mismos a los que bastó presentar una hoja simple con una petición, para que ése órgano de gobierno accediera a asignarles fuertes cantidades de dinero en algunos casos, sin haber una partida presupuestal específica para ese propósito, reglas de operación, requisitos de comprobación, ni previa valoración socioeconómica de los solicitantes. El informe completo puede consultarse en la página www.transparenciaslp.com.
En primer lugar, es menester aclarar que la Constitución Política del Estado no establece en ninguna de las 48 fracciones que conforman el artículo 57 que establece las atribuciones del Congreso del Estado, alguna que pudiera equipararse a la de apoyar con recursos públicos las peticiones de la ciudadanía.
En otro tenor, al detallar aún más el análisis de la naturaleza jurídica de ese órgano de gobierno que es la Junta de Coordinación Política, se puede leer en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado que ése es un órgano de dirección operativa y para construir acuerdos políticos.
Ahora, revisando minuciosamente sus atribuciones, mismas que se encuentran contenidas en el artículo 82 de esa ley, no se advierte que alguna faculte a ese órgano de administración operativa a repartir discrecionalmente recursos públicos a su libre parecer.
Si bien la Junta de Coordinación Política carece de atribuciones en materia de respaldo a solicitudes de gestión social, eso no significa que ninguna instancia la tenga, porque la responsabilidad de apoyar presupuestalmente las solicitudes de los ciudadanos, siempre que se cumpla el requisito de exigir un previo estudio socioeconómico para poder brindarse, es del Comité de Orientación, Gestoría y Quejas.
Por otra parte, dentro de los recursos que se asignan a los legisladores, según el listado de cheques publicado en la página web del Congreso del Estado, a cada uno de los 27 diputados locales se les proporciona un total de 20 mil 132 pesos mensuales por concepto de “apoyo de gestoría”, los cuales serían para entregar este tipo de dádivas sociales, por lo que es absolutamente incomprensible que quienes integran la Junta de Coordinación Política solo por ocupar un lugar en el órgano de gobierno del Poder Legislativo, se den a sí mismos la prerrogativa de repartir dinero público de forma adicional al que mensualmente se les proporciona.
Esto es una abierta violación a lo dispuesto por la Ley de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público que en su artículo 21 señala que las instituciones públicas serán responsables de cualquier compromiso que contraigan y que no esté autorizado en su presupuesto autorizado. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos también castiga el ejercicio de una función pública sin el debido fundamento legal.
Bajo el principio jurídico que dice que para los ciudadanos todo lo que no esté prohibido está permitido, pero para los gobernantes solo está permitido aquello que se encuentra establecido en las leyes, se colige que no por ser la Junta de Coordinación Política un órgano de gobierno interior puede disponer arbitrariamente del presupuesto del Legislativo, de la misma manera que el gobernador del estado no puede gastar el dinero público para fines distintos al autorizado y tampoco puede desviar los fondos de una partida hacia otra, ya que el Congreso debe encargarse de revisar que ello no ocurra. La línea de transgresión para la comisión de un delito es muy delgada.
Por todas esas razones, en los próximos días, presentaré ante el Congreso del estado una iniciativa de reforma legal para prohibir expresamente a la Junta de Coordinación Política que disponga discrecionalmente de los recursos públicos asignados al Congreso de Estado en favor de particulares o para fines distintos a los expresamente aprobados en el presupuesto de egresos del Estado.
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La mía, no es la única voz que clama porque se ponga fin al despilfarro indebido de recursos públicos. Somos miles los que decimos ¡Ya basta!
josemariodelagarza@gmail.com
