Para evaluar el alcance ideológico de los programas de la apertura del gobierno local, es necesario profundizar no sólo en el marco de responsabilidad en el que se expresa la legitimidad de las funciones directivas de los funcionarios públicos, sino también considerar los valores de racionalidad económica, eficiencia y eficacia de la acción pública.
La identificación de los valores que subyacen a la concepción de la gestión en el gobierno abierto difícilmente puede ser objeto de una interpretación unitaria. Por una parte, es normal que el sesgo ideológico de los programas se perciba en los valores dominantes, pero por otra parte, la modernización administrativa ha experimentado una evolución paulatina en sus valores de referencia, superando la simplicidad que poco a poco se ha ido adecuando para lograr cambios profundos y duraderos.
Pero el uso de estos conceptos, aparentemente sencillos, en el contexto de la Administración Pública Local, presentó grandes dificultades. De un lado, la decisión sobre la opción a seguir para incrementar la eficiencia no puede basarse en criterios puramente técnicos, sino que ésta puede verse afectada por factores políticos. Por otro lado, hay que considerar la dificultad, no de cuantificar, sino de definir los resultados de numerosas actividades públicas donde predominan criterios políticos y por lo tanto difíciles de medir.
El concepto de eficiencia presenta, además, diversas interpretaciones, que permiten concluir el carácter reduccionista de sus primeras iniciativas de modernización administrativa. Diferentes autores distinguen entre la eficiencia técnica, que mide recursos y resultados obtenidos, así como de eficiencia económica. Esta segunda, puede separarse en eficiencia distributiva, óptima distribución de los recursos y la eficiencia dirigida a optimizar la productividad de los recursos empleados en una actividad concreta. El enfoque de eficiencia que asumen los programas de modernización es precisamente ésta última, que se traduce en la búsqueda de reducción de costos. La eficiencia, así definida, resulta un valor problemático, sobre todo cuando no existe una medida previa.
La definición tradicional de eficacia responde al grado en el que se alcanzan los objetivos previamente definidos. Sin embargo, es frecuente que en las organizaciones públicas locales los objetivos no estén definidos o sean múltiples y contradictorios o estén sujetos a cambios constantes en el tiempo. Por ello, el pensamiento organizativo ha recurrido a reformular el concepto de eficacia, dándole las condiciones de flexibilidad, por lo que una noción de eficiencia basada en la homogeneidad y la estandarización se enfrente con demandas de diversidad y duplicidad; por ello se hace la distinción entre el concepto de “Eficiencia Operativa”, que está presente en los programas de modernización y que es coherente con la presencia de objetivos precisos y duraderos, y un concepto de “Eficiencia Adaptativa” que se presenta en las circunstancias inversas.
Las circunstancias económicas, políticas y sociales demandan al sector público una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación frente a cambios previsibles e imprevisibles en su entorno. También puede advertirse en los últimos años una evolución de gobierno abierto hacia un repertorio más amplio de valores, que tienden a desplazar a la eficiencia del centro de atención y ubicarse en la participación social como un instrumento no sólo de eficiencia sino también de legitimidad política.
meic2003@hotmail.com
Mario E. Ibarra Cortés / Política y Administración Pública
