Definitivamente cada semana, en México, tenemos un escándalo, ya sea nacional o local. En este caso, me referiré al reportaje sobre espionaje a activistas, periodistas y otros personajes de la vida pública nacional, publicado por el New York Times; más específicamente, a una de las insospechadas consecuencias que tuvo su difusión.
Existe en nuestro país un marco normativo específico que permite las intervenciones telefónicas. El sustento den la Constitución General de la República se encuentra en el artículo 16, que señala que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada; para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración; la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional señala que se entiende por intervención de comunicaciones la toma, escucha, monitoreo, grabación o registro, que hace una instancia autorizada, de comunicaciones privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología. Por su parte, la misma ley señala que las intervenciones, en materia de seguridad nacional, solo podrá autorizarse por un Juez cuando haya amenaza inminente de actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano; actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación; actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; actos en contra de la seguridad de la aviación; actos que atenten en contra del personal diplomático; todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; actos ilícitos en contra de la navegación marítima; todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.
En esta tesitura, es improbable que algún juez hubiera dado autorización para la intervención de los teléfonos de personajes como Carlos Loret de Mola (periodista), Juan Pardinas (miembro de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción) y por lo menos catorce personas más.
Más aun, es todavía más lejana la posibilidad de que la autoridad judicial hubiera autorizado la intervención del teléfono del presidente Peña Nieto, como él mismo lo dio a entender en una entrevista posterior a que se hizo la publicación del importante periódico neoyorquino.
Dijo Peña Nieto: “Somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo como presidente de la República. A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará quien alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía, ya ha ocurrido, ya ha pasado, pero nada más falso y nada más fácil que señalar a un gobierno que se dedica a esta actividad”
Si las intervenciones son ilegales y parten del gobierno, malo; si son ilegales y tienen un origen distinto, peor, pues significa que alguien tiene el poder y recursos suficientes para espiar, vaya el lector a saber con que fines, a quien se quiera. Incluso al presidente.
Entiendo la preocupación por sentirse espiado, aunque me resulta muy cuesta arriba pensar que, aun así, nada va a pasar y se seguirá con la vulneración de los derechos fundamentales de los gobernados, quienes tenemos nuestras comunicaciones privadas a merced de cualquier escucha.
Dijo Peña que no tiene responsabilidad el gobierno y que tampoco habrá prueba de ello. La pregunta sería: ¿Don Enrique, su mensaje encierra resignación, no piensa hacer nada al respecto?
@jchessal
