Al PRI le urge recuperar algo de credibilidad para tratar de retener el poder de la Presidencia de la República, el máximo cargo público del país. Sin embargo, el problema para ese partido estriba en que los recursos legítimos de persuasión que pudiera desplegar para convencer que ya no es un costal de mañas y trácalas están agotados. Por tanto, sólo quedan los recursos de la fuerza y del dinero para comprar conciencias o intimidar. Es una vieja estrategia que ha tenido éxito en el pasado no muy lejano, cuando aún era posible ocultar ampliamente la información o desplegar indiscriminadamente la violencia institucional. Ahora es más complicado que traten de cumplir ese cometido pero, tercos que son, tal parece que insistirán en actuar bajo el principio de “más vale malo por conocido, que bueno por conocer”.
En esa línea “argumental”, los personeros del PRI nacional, encabezados por el propio presidente Peña Nieto, se aprestan a pelear, con todo los recursos mal habidos del dinero y de la fuerza, la gubernatura del Estado de México, antesala de lo que vendrá en 2018. Por una parte, ya se sabe que será una elección de tres grandes tercios entre Morena, el PAN y el PRI, estando un poco más atrás el PRD, pero con posibilidades de incidir en el resultado final. Para empezar a calentar el ambiente electoral y crispar los nervios de sus adversarios políticos, el gobierno federal acaba de anunciar que investiga a la familia de la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, por presunto lavado de dinero, no obstante que, hasta hace poco, la ex-candidata presidencial fue balconeada como beneficiaria de una generosa aportación de recursos públicos, por parte del gobierno de Peña Nieto, para una asociación, presuntamente filantrópica, a su cargo.
Pero falta lo más grave. Ya metidos en gastos, los priístas andan apurados por aplicar, a destajo, el viejo recurso del método de intimidar con el uso arbitrario de la violencia institucional. Como ya sus propias encuestas rumbo a la presidencia de la República los ubican en un vergonzoso tercer lugar, en el PRI se ha impulsado un peligroso experimento que, por desgracia, el propio poder judicial federal ha avalado como legal-constitucional y que consiste, nada más y nada menos, en lo que curiosamente se ha denominado como “violencia preventiva”; esto es, algo así como “primero muerto y después virigüas”.
Se trata de permitir la aplicación indiscriminada de la fuerza pública para disolver manifestaciones que se considere, sin referencias precisas, que podrían derivar en disturbios y, por ende, “en más violencia social”.
Evidentemente, se abre la puerta para que, de manera por demás subjetiva y caprichosa, los personeros del poder público auspicien el sofocamiento violento de la creciente inconformidad ciudadana.
En el fondo de la forma, como dicen los priístas, se trata de aplicar, una vez más, la vieja receta del “voto del miedo”; esto es, la percepción social de que ante el riesgo cierto de que se desborde la violencia, solamente el PRI es capaz de contenerla por medio… de más violencia, así sea dizque preventiva. Esa receta fue efectiva en 1994, luego de los crímenes de Estado de Colosio y Ruiz Massieu que enrarecieron el ambiente político-electoral. Ciertamente, la inseguridad pública es uno de los grandes temas que moverán el sentido del voto de la gente en 2018, junto con la corrupción y la crisis económica; por tanto, para el PRI-gobierno es de vital importancia ponderar el alcance que pueda tener ese tipo de propuestas en el ánimo popular, ya sea para medir su eventual aceptación como un “mal menor” o, en el último de los casos, como la herramienta útil para contener la “violencia social” (más bien resistencia pacífica) que responda a los excesos de la violencia institucional.
Pero, como si fuera el personaje central de la novela de Augusto Roa Bastos, “Yo el supremo”, el gobierno del presidente Peña Nieto parece no darse cuenta que, desde hace tiempo, la mayoría de la sociedad mexicana ha decretado el deceso político de su partido, abdicando el presidente de la dignidad de su investidura y dejando que “una tracalada de fatuos” sean los que gobiernen “de facto” el país. En ese proceso, la impunidad de los personeros del poder político y económico que hacen los grandes negocios con los bienes de la nación, se ha fortalecido a extremos que rayan en el más delirante cinismo, gracias al talante mediocre de un gobernante que ya no sabe “como escurrir el bulto”… sin dejar de hacer el ridículo en el intento.
En suma, frente a la grave crisis de credibilidad del PRI-gobierno a nivel nacional, aderezada por la insultante impunidad de personajes impresentables como el ex-gobernador Duarte y otros más, las condiciones objetivas y subjetivas para echar de “Los Pinos” al PRI, una vez más, están dadas; empero, ya herido el dinosaurio es harto peligroso para dar coletazos y la violencia institucional que hoy pretende imponer como medida “preventiva” es una muestra clara de que harán todo lo posible por arrebatar un poder que, socialmente hablando, ya perdieron hace rato.
