Cuando un gobierno, al igual que un individuo, no rigen su conducta por valores fundamentales y por principios de orden ético y moral sólidos, al mismo tiempo que no respetan cabalmente el orden legal vigente, acaban cayendo inevitablemente en corrupción y degradación que afecta y daña a la sociedad en su conjunto. Sin principios ni valores sólidos la vida de las personas y de las instituciones públicas, se pervierten. El gobierno municipal, ya lo han dicho diversos autores y tratadistas “debe ser Escuela de la Democracia”, la Casa Grande en la que habitan y conviven las familias y al igual que el hogar familiar, debe estar limpio, ordenado y seguro para permitir un genuino desarrollo social, económico y personal de todos sus habitantes. Por tanto el gobierno municipal, el Ayuntamiento, tiene la inmensa responsabilidad de cuidar la seguridad, el orden y la salud públicas, utilizando el erario con la máxima probidad y eficacia.
Milité activamente durante 32 años (1968 al 2000), en un partido político cuyos principios municipalistas siguen siendo válidos, para los tiempos que corren, tanto en nuestra capital como en cualquier otro municipio del país. Cito el que aplica al caso:
“El municipio es la forma primera de la sociedad civil, con autoridades propias y funciones específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia social y prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las familias no alcanza a proporcionar”. “Es base de la organización política nacional, debe ser comunidad de vida y no simple circunscripción política, fuente y apoyo de libertad, de eficacia en el gobierno y de limpieza en la vida pública.”
“El gobierno municipal debe tener autonomía política y recursos económicos propios, suficientes para cumplir sus fines. Por tanto debe integrarse democráticamente y quedar sujeto de manera permanente a la vigilancia de los gobernados, sin interferencias de la federación o de los estados que priven de recursos económicos a los municipios, violen su autonomía, mutilen sus funciones y fomenten la supervivencia del caciquismo.” “Es contrario a la naturaleza del municipio, utilizarlo como apéndice administrativo o como instrumento de control político por parte del gobierno federal o de los estados”. Termina la cita.
A lo largo de nuestra historia los municipios han sido utilizados por el sistema político mexicano como un trampolín de las ambiciones de políticos sin escrúpulos y como un botín para el enriquecimiento de algunos vividores que medran al amparo del Ayuntamiento, para otorgar privilegios, contratos, obras o entrar a la nómina sin tener que trabajar.
Casi todos los días, muchos de los medios de comunicación locales, dedican una parte principal de sus espacios a dar cuenta de los regalos que con dinero de todos los potosinos realiza el alcalde Gallardo Juárez en favor de algunos de los grupos de población con mayores carencias, pero condicionados a que se registren en las filas del gallardismo mediante su copia del INE (antes IFE). Al más rancio estilo del carcomido régimen priista, inaugura purificadoras de agua en donde se le regala el líquido a los vecinos, obsequia uniformes, tortillas, mochilas, etc. con lo que busca formar una clientela electoral con miras a su eventual reelección en el 2018. Contrata también medios de comunicación y reparte boletines del propio ayuntamiento para atosigarnos, siempre con cargo al erario municipal, por el inicio de alguna pavimentación o la terminación de alguna otra de menor cuantía. Así, el alcalde contraviene abierta y descaradamente el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución General de la República que establece:
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación que difunda cualquier entidad de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Frente a esta clara disposición de la ley primordial de nuestro país, ¿Qué está haciendo el alcalde de la capital si no violando con flagrancia el orden constitucional? ¿Qué tiene que decir el congreso ante esta clara violación de la Ley? ¿En qué papel queda el gobernador del estado que es el primer responsable en el estado de hacer cumplir la ley y que guarda silencio al respecto? ¿Qué tienen que decir los partidos PAN, PRI sobre esta transgresión? Si su propaganda fuera una verdadera vía institucional de comunicación, no debería de aparecer a mañana tarde y noche la imagen del alcalde siempre como centro de toda actividad del ayuntamiento, por la sencilla razón de que el ayuntamiento es una institución de TODOS los ciudadanos que sin distingo de filiación política, pagamos los impuestos con que se sostiene todo el gasto municipal. Bien entendido, cualquier servicio y obra del ayuntamiento es una obligación constitucional.
Lo que le hace falta al alcalde Gallardo, es reconocer que la voz de los ciudadanos que señalamos deficiencias, corruptelas u omisiones de cualquier autoridad, debe ser escuchada y atendida. NO es “golpeteo político” como el afirma. Tampoco somos sus detractores ni mucho menos sus enemigos. Solo reclamamos lo que en justicia y de acuerdo a la ley nos corresponde: Claridad y transparencia en el manejo del erario municipal, servicios públicos adecuados y eficaces.
Por último, le pedimos desde aquí al alcalde capitalino, al igual que ya lo hizo el valiente periodista Jaime Nava (La Jornada San Luis. Agosto 17), que nos explique con claridad la razón por la cual cambió de parecer sobre la adquisición de luminarias LED, a la que había criticado antes de tomar posesión, asegurando que “no le temblaría la mano para actuar en contra de Mario García Valdés, si este continuaba endrogando al municipio al comprarlas en un precio inflado según Gallardo, al aceptar un precio de más de 25mil pesos CADA LÀMPARA, cuando su precio real era inferior a la mitad. En entrevista de radio se dirigió también a Mario García pidiéndole “que no siga endrogando al municipio con una licitación que está chueca”. La pregunta es entonces ¿Por qué pide hoy al congreso del estado que le autorice aumentar en 390 MILLONES DE PESOS la deuda para con la empresa proveedora de las lámparas LED? Y que quede claro: No es ataque, solo es una pregunta que nos hacemos los ciudadanos. . . . .
Seguiremos continuando
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