Tal vez más de un ciudadano se regocijó con la fea zarandeada que le dieron encorajinados taxistas a un diputado local hace algunos días. Sin embargo, el precedente de la violencia verbal, física o simbólica siempre es preocupante porque muestra las posibilidades más amplias que puede alcanzar el menosprecio a la voluntad popular y a la legalidad imperante, por más cuestionables que sean los presupuestos de ésta última. Esto es, que la violencia social puede escalar si no se considera el contexto y las precondiciones que la pueden detonar en un espacio y momento determinados. En el caso del congreso potosino, ya se ha vuelto costumbre esperar que los “jueves de plaza” sean pródigos en algún espectáculo circense que, por supuesto, igual puede terminar en una escaramuza con el respetable que acude no sólo a ver el “show” que allí se arma, sino a exigir que los diputados cumplan, como debieran, con sus responsabilidades; de allí a que “la sangre llegue al río” sólo media cualquier provocación de alguna parte.
En ese orden de ideas, no es de extrañar lo que ha pasado en el congreso local, ni tampoco se trata de la primera y última vez que ocurra. Antes se habían lanzado improperios a un (ex)gobernador cuando acudió a presentar su último informe, y también se recuerda el caso de una diputada que fue correteada por calles aledañas al recinto legislativo cuando se consumó la burla de un incremento a la tarifa del transporte urbano. En todo caso, la investidura que presumen los diputados y otros servidores públicos de poco ha servido cuando se ha llegado al límite de seguirle jugando el dedo en la boca al pueblo. Puede ser que conserven el fuero contra las acechanzas del brazo largo de la ley, pero jamás contarán con la seguridad de que la “justicia popular” no los pueda alcanzar. El problema es que la justicia popular en nuestro medio es susceptible de alcanzar niveles de violencia inimaginables, exacerbados por la frustración social acumulada de tanto percibir que las instituciones que deberían de resolver esos entuertos no sirven para nada.
Cuando se llega a estos niveles de linchamiento social, donde los ciudadanos buscan “hacer justicia por propia mano”, es porque la percepción generalizada indica que se trata de delincuentes que ponen en peligro la paz pública y, en el caso de los “políticos” que son increpados por una multitud ocurre que ya se les ha degradado a ese estigma lapidario. Si la clase política no es capaz de entender esto, entonces grave están las cosas porque una irritación social que no encuentra respuesta institucional efectiva deviene riesgosa apuesta por la violencia. Desgraciadamente, cada vez es más común percatarse de actos de “justicia popular” en los que un amplio grupo de gente resuelve confrontarse directamente con la delincuencia, habida cuenta de la ausencia de un Estado de Derecho capaz de garantizar que no haya impunidad. El problema con la clase política radica en el riesgo cierto de que la gente la identifique, sin más, como un sector de la delincuencia que la agobia y decida ponerla directamente de patitas en la calle, en el mejor de los casos.
Cuando el cura Miguel Hidalgo llamó “a coger gachupines”, en los albores del movimiento independentista de nuestro país, no imaginó el nivel de “justicia popular” que se alcanzaría en las batallas que sostendrían sus huestes indígenas y campesinas contra todo lo que representara el antiguo régimen novohispano, como en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, llegando a influir en su ánimo para dar marcha atrás a la conquista de la ciudad de México después del triunfo militar en el Monte de las Cruces. Guardadas las proporciones, el dato histórico es referente para ponderar los riesgos de provocar la ira popular; ahora sí que… “están viendo que el toro es bravo y le jalan el rabo”. Está bien que hasta los diputados denuncien ante las instancias de procuración de justicia los hechos en los que se sientan agredidos por un sector social, precisamente para que vean que no va a pasar nada porque se ha llegado al punto de confrontación de dos tipos de “justicia” que terminan por anularse la una con la otra.
En todo caso, lo deseable es que se pueda acceder a un entorno distinto de relación entre ciudadanos y autoridades, donde la base de esa relación sea la confianza en las instituciones del Estado y la eficaz respuesta de éstas a las necesidades de la gente, entre ellas la de alcanzar justicia pronta y expedita, así como la representación digna de sus intereses y un ejercicio de gobierno que garantice todos sus derechos; empero, lo deseable no siempre se empata con lo posible y, hoy es día en que esa feliz coincidencia sigue esperando… ¿por siempre? Tal vez no, pero de aquí a que suceda eso, bien valdría que la clase gobernante se fuera con tiento en esa delicada tarea de “dar a cada quien lo suyo”, de “no buscarle tres pies al gato”.
