Esta semana se han planteado tres situaciones que presentan un sutil hilo conductor, aun y cuando se presentan de manera autónoma y sin mayor vinculación entre sí de manera aparente.
El primer caso se presenta cuando el conductor de televisión de la cadena estadounidense Univisión, con público esencialmente latino, de nombre Rodner Figueroa, fue despedido de la empresa al referir, en tono descuidado y pretendidamente jocoso que la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, parecía emanada del elenco del Planeta de los Simios. Este comentario, de alto contenido racista pero de evidente imprudencia motivó que los propietarios de la cadena prescindieran de sus servicios. Hay versiones que la oficina presidencial pidió su cese, aunque ésto fue negado por Washington.
El segundo caso lo protagoniza Carmen Aristegui, conductora de MVS Radio, cuando parte de su equipo de investigación periodística, concretamente Daniel Lizárraga e Irving Huerta, fueron despedidos luego de haberse dado a conocer en el noticiero de Aristegui su participación y apoyo a Mexicoleaks, portal de información compartida por usuarios que aportan datos y documentos, con la debida confidencialidad, para que periodistas tengan acceso a los mismos y puedan hacer trabajo informativo de investigación. La empresa MVS se deslindó del anuncio hecho en sus frecuencias y despidiò a Huerta y a Lizárraga. Aristegui dió un ultimatum a la familia Vargas, propietarios de la radiodifusora, condicionando su permanencia a la recontratación de los periodistas. Se dice que el trasfondo está en dar a conocer la propiedad de Angélica Rivera, llamada en medios la Casa Blanca de Las Lomas y la de Luis Videragay en Malinalco.
El tercer caso se presenta en Baja California, donde el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid y cinco alcaldes de municipios de esa entidad anunciaron la cancelación de contratos publicitarios para Grupo Healy, integrado por los diarios Frontera Tijuana, Frontera Ensenada y La Crónica, de Mexicali. ¿La causa? Las publicaciones donde dan a conocer cuestionamientos al Ejecutivo estatal por compra de atípica de inmuebles.
En los tres casos se ha levantado de inmediato el fantasma de la censura y el ataque a la libertad de expresión, aunque, salvo en el tercer caso, no hay una atribución directa de acción a alguna autoridad.
A mi parecer, surge de todo esto un tema alterno: ¿Están obligados los propietarios de los medios de conunicación o los anunciantes a sostener la presencia de “periodistas incomodos” en sus filas o bien de gastar su dinero en cubrir facturas en medios que los atacan, con razón o sin élla?
Me parece que la respuesta es no. Existe la libertad de expresión de los periodistas pero no la obligación de cubrir salarios o realizar pagos por parte de las empresas que hacen uso de sus servicios directa (medios) o indirectamente (anunciantes). Éstos tienen la misma libertad de decidir sus contenidos o cubrir facturas a quien les parezca.
Sin embargo, la credibilidad del medio se pierde en ejercicio de esa libertad. Y un medio de comunicación sin credibilidad es nada.
Cada caso citado tiene sus bemoles. Rodner Figueroa hizo un comentario discriminatorio y, por tanto, violó la ley; los periodistas de MVS usaron las frecuencias y marcas de sus patrones con ligereza y sin autorización y, en el tercer caso, el gobierno decide en quien gasta.
Sin embargo, en los dos primeros casos hay acciones desmesuradas en contra de los supuestos responsables, frente a actos realmente de menor entidad; en el tercer caso hay, por el contrario, un acto directo de censura, a partir de colocar en posición de desventaja en la competencia a los medios que verán cerrado su acceso a la compra de publicidad gubernamental, que es una fuente importante de ingreso de los impresos informativos.
Sin embargo, el común denominador en los tres asuntos es, esencialmente, asumir riesgos y consecuencias: racismo, ligereza corporativa o verdades claras, todo esto y más componen la actividad informativa.
No a la censura, sí al periodismo libre pero con responsabilidad.
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