Otra de las Reformas importantes que precisaba el Estado mexicano era la electoral. Aún y cuando México es uno de los países del mundo que cuenta con uno de los sistemas electorales que mayormente garantizan el respeto del voto ciudadano, también es preciso que este sistema constantemente sea reformado y actualizado. En el año 2006 tuve la fortuna de ser Consejera Electoral del V Distrito Federal, del ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE), y de esa experiencia aprendí -entre una infinidad de enseñanzas- que después de cada elección es necesaria una evaluación de las leyes electorales, de los métodos de aplicación de los procedimientos, de las potestades de los organismos electorales así como su función, etc. Cada elección es diferente, por lo que siempre surgen nuevas dificultades y desafortunadamente también se ha visto que algunos interesados en ganar –ya sea partidos, personas, instituciones, inversionistas, gobiernos, es decir cualquiera- encuentran la manera de hacer que los lineamientos sean insuficientes para garantizar la legalidad de las votaciones y mantener la armonía postelectoral.
El Gobierno Federal actual se propuso hacer las reformas estructurales que necesitaba el país. Para ello, como usted bien sabe, reunió a los tres partidos con más presencia –el PRI, el PAN y el PRD- y conformó el Pacto por México con el objetivo de tomar en cuenta todas las opiniones en la construcción de dichas reformas. En este sentido el objetivo fue “Crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, como de las estatales y municipales”.
La idea principal de esta transformación es centralizar todas las decisiones en una sola entidad. En este aspecto hay muchas personas de acuerdo, así como el mismo número de detractores. El razonamiento que exponen en el Pacto por México son principalmente tres: la primera tiene que ver definitivamente con el costo que representa tener una autoridad federal y 32 locales, cuando todo se podría realizar desde una sola instancia. La segunda, es la necesidad de homologar decisiones, leyes, procedimientos, etc., con el objetivo siempre de garantizar que la voluntad ciudadana sea la que impera después de un proceso electoral. Las leyes locales, por ejemplo, han tratado de reproducir las disposiciones federales, sin embargo en ocasiones existen pequeñas diferencias la cuales posteriormente pueden resultar en un problema, si es que se desata una controversia, ya que finalmente el organismo que emitirá un dictamen al respecto es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, basado en las legislación federal. Y tercero, la profesionalización y permanencia de los cuerpos ejecutivos. Mientras que en el IFE un principio rector es la profesionalización y permanencia de los funcionarios (servicio de carrera), así como en el funcionamiento permanente de las juntas locales y distritales, en los consejos locales la mayoría de los funcionarios son temporales.
Esta reforma, entonces, pretende combatir “El desmedido crecimiento de las burocracias electorales, con el consecuente incremento de los costos de operación de los organismos electorales. La fragmentación del sistema electoral en 32 subsistemas electorales, que coexisten con el subsistema federal y repiten, de manera costosa, procesos que podrían ser desarrollados por un solo cuerpo de funcionarios. La diversidad de soluciones, plazos y formalidades para un mismo tema en el sistema electoral, cuya expresión se encuentra más en sus prácticas que en su normatividad. Y la judicialización de los procesos electorales locales cuyos casos más importantes son resueltos, en última instancia, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo decidieron que el Instituto Federal Electoral, se transformara en Instituto Nacional Electoral. Dicha propuesta se presentó en el 2013, se aprobó este primer semestre de 2014 para que las elecciones que se celebrarán este año ya se regulen bajo los nuevos ordenamientos.
Otra de las premisas que sostienen al aprobar esta reforma es que esta autoridad nacional electoral brindaría a los partidos y candidatos garantías de imparcialidad y objetividad en su desempeño que, a juicio de los autores de la propuesta, los organismos electorales locales no otorgan en la actualidad.
También hacen una crítica a esta disposición ya que aseguran que “el principal inconveniente de la propuesta es que representa una distorsión del principio federalista que rige el Estado mexicano pues los órganos de las entidades federativas no tendrían participación en la organización de las elecciones locales… Adicionalmente el acuerdo político del “pacto por México” no está acompañado de una propuesta de reformar la organización y competencia de la justicia electoral respecto de los comicios locales pues se propone suprimir los organismos electorales administrativos pero no los jurisdiccionales; de no preverse una reforma al respecto, la autoridad “nacional” (o federal, en rigor), estaría sujeta al control jurisdiccional de los tribunales electorales de las entidades federativas cuando actúe en los comicios locales.”
Esta reforma creó un organismo único, autónomo, central. Con muchos objetivos a cumplir que celebramos. Esto apenas es el principio y a esta primera gran Reforma Electoral le falta ser completada por las leyes secundarias, las cuales asimismo ya fueron aprobadas por el Senado de la República el pasado mes de mayo. La prueba de fuego sin embargo, serán las mismas elecciones. Ahí es donde se medirá la efectividad de esta reforma y sobre todo se tendrán que analizar las adecuaciones que serán pertinentes llevar al cabo, para completarla, componerla y mejorarla. De esto estaré comentando en este mismo espacio con usted.
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