El sistema político vigente ya está agotado. Se corrompió por la falta de cambios verdaderos que no requieren más y más leyes y más burocracia. Lo que se requiere es voluntad política y un cambio en los paradigmas actuales con los que solo se recicla a sí mismo, para preservar los privilegios y el dinero que da el poder político. Está visto y comprobado en los hechos, el cambio de partido en el gobierno, por sí solo, no resuelve los grandes problemas nacionales de impunidad, violencia, crimen y corrupción. Hay que acabar con los mitos y simulación democrática del sistema actual porque carece de credibilidad, de representatividad y de la confianza ciudadana. México necesita un nuevo sistema político apegado a los valores democráticos y a principios éticos de respeto absoluto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas.
Más que el resultado de las elecciones en el Edomex del domingo próximo y aún más que el de las del 2018, tengo la convicción de que nuestro país no solo necesita urgentemente un cambio de partido en el gobierno, o un Sistema Nacional Anticorrupción, que mucho me temo, solo va a resultar un nuevo hoyo negro burocrático más, que se tragará cientos o miles de millones de pesos al año. Más allá de eso, lo que necesita México es una verdadera reorganización que le dé orden y racionalidad a sus estructura sociales y políticas que defina con claridad cuál es la responsabilidad que le corresponde a cada quién en cada nivel de gobierno, (Federal, Estatal y Municipal) y en cada una de sus ramas (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y a quienes les toca cumplir con sus respectivas tareas. Hay que empezar por rediseñar un nuevo sistema fiscal que le dé a cada municipio y a cada estado autonomía financiera, con ingresos propios, que evite su actual sumisión y su dependencia financiera. Porque me parece que existe una gran confusión en las competencias, las atribuciones y las responsabilidades de cada una de dichas esferas. No existen los incentivos adecuados para que cada quien cumpla sus responsabilidades, ni tampoco hay las sanciones jurídicas y políticas para quienes no lo hacen. Ahí está el dato escalofriante del 98% de impunidad que nos exhibe ante el mundo como una nación sin estado de derecho, con delincuencia y violencia en ascenso.
Un ejemplo que ilustra las intromisiones recurrentes de la federación o del estado en funciones que no le corresponden, es el hecho de que tengan que meter su cuchara en labores municipales tan básicas como es la repavimentación de un pequeño tramo de nuestra hermosa avenida Carranza que en 4 largos meses no pueden terminar, donde se aprecia palmariamente la ineptitud, la indolencia y la negligencia extrema de un gobierno federal y/o estatal que se meten a hacer funciones que le corresponden estrictamente al Ayuntamiento, como es la pavimentación de una calle. Resultado, llevan cuatro meses afectando la vialidad de la ciudad, a los comercios y negocios de la zona y a miles de ciudadanos y automovilistas que cada día tienen que transitar por ahí rumbo a sus trabajos y a sus ocupaciones habituales. Por su parte a la autoridad municipal actual le viene como anillo al dedo esta situación para poder eludir su responsabilidad en la vialidad de la ciudad.
Lo mismo ocurrió hace algunos meses con la calle de Obregón en donde el gobierno federal, vía Secretaría de Turismo, tardo casi un año (tal vez más) en repavimentar varias cuadras céntricas de esta otra importante arteria citadina, perjudicando también a muchos negocios de la zona céntrica de la ciudad y a personas que ahí laboran.
A las dependencias y a las burocracias federales les interesa poco o nada la vialidad y la fluidez del tránsito en cualquier municipio del interior del país. A quienes sí nos interesa y sí nos afecta su negligencia y su pasividad es a los potosinos que vivimos, trabajamos y nos movilizamos en esta demarcación política que se llama Municipio de San Luis Potosí, nuestro municipio todos los días del año; que queremos hacer de él una verdadera Casa Grande donde podamos vivir en paz y con seguridad todas las familias potosinas. A nosotros sí nos afecta y mucho y deberíamos de empezar a reclamar con energía este estado de intromisión, de confusión y de caos que daña la vida de todo el país y las posibilidades de verdadero progreso y bienestar.
El ejemplo de las calles afectadas por la incuria federal es uno entre cientos o miles que se podrían dar, de cómo su injerencia daña o frena el desarrollo de nuestro estado y de nuestro municipio como a los de todo el país, porque la federación pretextando interés y buscar coordinar el desarrollo del país, lo único que hace es frenar la iniciativa, la capacidad de trabajo, y el empuje y esfuerzo de los habitantes en cada municipio del país. Para casi todo hay que obtener la anuncia federal: para perforar un nuevo pozo para agua, a la CNA, para realizar una nueva construcción al INAH, para organizar las elecciones locales, al INE, para la obtención de un buen fallo judicial (a veces) a la SCJN, para perseguir a los narcos, a la PGR o al ejército o la marina. . . . . .
Y lo peor de todo, para tener los recursos financieros necesarios para operar a los gobiernos estatales y municipales, a la SHCP, que mediante el leonino Convenio de Coordinación Fiscal, crea una dependencia oprobiosa de todas las regiones y localidades del país, que tienen que esperar a recibir las mal llamadas “Participaciones Federales”, para poder ejercer sus funciones y responsabilidades. Se trata de un Pacto Federal que en realidad resulta un pacto leonino. Es un Convenio que subordina el municipio a intereses políticos ajenos a nuestra comunidad, que es el verdadero freno al desarrollo de todas las capacidades de autogobierno de los mexicanos.
Creo que urge darle a cada municipio y a cada estado del país, fuentes propias de ingresos para quitar esa dependencia de la federación que frena el verdadero progreso y la vigencia de un Estado de Derecho.
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