En días pasados la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) presentó el Índice Global de Impunidad (www.udlap.mx/cesij/resultadosigi2015.aspx), estudio en el que México ocupa el segundo sitio a nivel mundial de impunidad. El principal problema es que tenemos policías de sobra para detener en supuesta flagrancia a personas “sospechosas” -y de paso extorsionarlas y torturarlas- pero nos faltan jueces que resuelvan los miles de expedientes que se acumulan diariamente. En promedio, por cada juez se inician 500 expedientes nuevos al año.
Esta realidad la encontramos plasmada de forma excepcional en el mural pintado por el artista Rafael Cauduro en la escalinata de los ministros, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La obra (www.cauduro.com) muestra los archiveros de los juzgados arrumbados con miles de expedientes que nadie puede atender.
Los jueces en México están totalmente abrumados, saturados y son incapaces de procesar todos los casos que les llegan, dado que no cuentan con la infraestructura y los recursos materiales y humanos indispensables para atenderlos. Ahora, cuál podría ser la solución a esta problemática. A mi juicio, existen dos posibilidades.
La primera sería simplemente incrementar de forma sustancial el número de jueces locales y federales. Esta solución pasa por un tema eminentemente presupuestal. Si queremos tener más jueces, el Poder Judicial tendría que recibir mucho más dinero del que actualmente se le asigna. Gran parte del dinero que se destina al sistema de justicia se aplica a gasto corriente y resulta extremadamente complejo la contratación de más personal. Queremos mejores juzgados pero no queremos invertir dinero en la justicia, queremos que los asuntos se resuelvan rápido, pero no es del interés de nadie que el sistema cuente realmente con la capacidad financiera para hacerlo.
Existe una resistencia importante por parte del Poder Ejecutivo para que se le asigne más dinero al Poder Judicial, esto se debe a que implicaría recortar el gasto de la administración pública.
La otra posibilidad sería generar menos casos, menos expedientes, menos juicios. Hemos formado una sociedad extremadamente conflictiva y que ante cualquier diferencia su única salida es presentar demandas o denunciar penalmente a las personas para pedir que se les encarcele. Se usa a las procuradurías de justicia como agencias de cobro de todo tipo de asuntos.
Adicionalmente la respuesta que los diputados han dado a la conflictividad, es generar cada vez más leyes y de paso inventar delitos. Ahora resulta que todo es delito, cuando la tendencia mundial ha establecido que el derecho penal debe ser utilizando de forma excepcional y siempre como la última opción. Sin embargo, vende bien en la sociedad del pan y circo pagar millones de comerciales fingiendo que la clase política se preocupa por los ciudadanos y que por tal motivo legisla de día y de noche, incrementa las penas y convierte todas las conductas en delitos.
El gran problema de fondo es que del cien por cierto de los delitos que se cometen en México, solamente se logra castigar el dos por ciento. Está demostrado en todas las estadísticas serias, que tratar de resolver los graves problemas del país inventando leyes, no sirve de nada. Requerimos menos leyes, menos penas, menos delitos, menos sanciones y más eficacia en el sistema.
¿Cuándo podremos ver a los verdaderos delincuentes, especialmente a los de cuello blanco, en la cárcel? ¿Cuándo se podrá transitar del país de la simulación y de la aplicación selectiva de la ley al verdadero estado de derecho? Siendo honesto, veo muy lejanas estas aspiraciones, aparecen en los discursos, pero no en la agenda de los que toman las decisiones del país.
Considero que la más sensata solución a la impunidad, sería generar menos juicios, lo que implicaría contar con legisladores que se aventuraran en la odisea de desregular y despenalizar el sistema; y por otro lado, habría que invertir cantidades importantes de dinero en sistemas que propongan mediación y negociación de los conflictos, de forma que los ciudadanos no acudan a los tribunales, y tengan una opción contundente, eficiente y económica para resolver sus problemas.
