En San Luis Potosí, el gobierno estatal y los cincuenta y ocho municipios deberán adoptar, en los próximos años, una gestión pública austera en el ejercicio del gasto, basada en una estricta disciplina financiera. Esto con motivo de la caída de los ingresos públicos que capta el gobierno federal, generada a su vez por la caída de la producción y precios del petróleo, así como por el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la iniciativa privada para postergar la deducción de manera inmediata los gastos de inversión; esto a pesar del incremento del 30 % de la recaudación de impuestos federales.
La disminución de los ingresos de la hacienda pública, así como el recorte de 134,000 millones de pesos al gasto público para 2016 y la reducción del 26 % de los programas del gobierno federal, generará una caída de los ingresos de los gobiernos locales de hasta un 5 %. Su impacto será mas grave en la media que sea mayor la dependencia financiera de los gobiernos estatales y municipales con respecto a los ingresos del gobierno federal; en México, el promedio de dependencia de la hacienda pública local es del 65 %, pero para San Luis Potosí, la dependencia alcanza el 94 %, siendo una de las más altas del país.
La débil autonomía local se debe a la pereza fiscal de los gobiernos locales. Según datos de la OCDE, en México se capta el 0.2 % de ingreso público medido con respecto al producto interno bruto (PIB), mientras en otros países la situación es diferente, Suecia recauda 16.1 %, Japón 7.8 %, Italia 6.6 %, Francia 4.6 %, Corea 4.2 %, Estados Unidos 4.0 %, Canadá 3.2 % y España 3.1 %; para el caso de México, la omisión en el cobro de impuestos por parte de los gobiernos locales se refleja en la baja recaudación que tienen, siendo una evidencia de la falta de voluntad política para cobrar impuesto que por ley les corresponden.
El costo político de cobrar impuestos es alto, sin embargo, no asumirlo se genera una hacienda publica con recursos insuficientes. Lo anterior deriva en insuficiencia de recursos para resolver los problemas de la sociedad local, por lo cual ésta no cree en su gobierno; lo califica de ineficiente, poco transparente y corrupto; se desconfía no solo en el gobierno local y su administración pública, sino también en los partidos políticos y los procesos electorales, y; se ve a la democracia como una forma de gobierno ineficiente. Con lo anterior, la gobernabilidad está en riesgo: las instituciones no permiten resolver el problema en el marco de la normatividad vigente.
Dado que no se quiere asumir el costo político de cobrar impuestos, la disciplina financiera deberá ser no solo un estilo de gobierno, sino también una obligación legal: desde mayo de 2014 está en la constitución y el 17 de agosto el ejecutivo federal presentó al congreso la iniciativa de ley de disciplina financiera para las entidades federativas y los municipios. Tal propuesta contempla sanciones penales a los funcionarios que causen daño a la hacienda pública y juicio político a los gobernantes locales: pretende ser el instrumento legal que pondrá orden a las finanzas publicas locales.
Por ley, los gobiernos locales deberán: crear un fideicomiso para desastres naturales (principal causa de endeudamiento), establecer el 3% como tope para el incremento en gasto de servicios personales (es en lo que mas se gasta), la deuda solo se autorizará para invertir en gasto que sea recuperable, todo subsidio deberá estar focalizado a una población objetivo, todo excedente de ingresos deberá ser utilizado para amortizar la deuda que tengan los gobiernos locales y será obligación la máxima publicidad en el ejercicio del gasto público. Hay un avance en poner orden a las finanzas públicas locales, pero el problema de la insuficiencia de recursos persistirá.
La escasez de recursos obligará a los gobierno locales a fortalecer su capacidad técnica en dos sentidos: 1) nombrar y contratar personal para su administración pública cuente con conocimientos especializados y sentido de ética en el ejerció de sus funciones y 2) utilizar instrumentos de gestión pública en planeación financiera de largo plazo, que vaya más allá de los ciclos políticos, así como operar con base en una gestión pública por resultados y orientar todo ejercicio de gasto a la evaluación permanente. Se requiere un gobierno ético en la toma de decisiones y una administración profesional en el ejercicio del gasto.
Es tiempo de superar una gestión pública que hace uso de los recursos para pagar favores electorales, para financiar partido políticos que tienen como único objetivo el permanecer en el poder. Se requiere ejercer el gasto en quien lo necesita y no en quien simula que lo necesita; es necesario designar y contratar personal para la administración pública por sus conocimientos, no por sus vínculos políticos; el gobierno debe ser un espacio transparente y que rinde cuentas. Si esto no sucede, la población se cobrará la factura en los próximos procesos electorales de 2018; hay que recordar que en 2015, el 60 % no refrendó al mismo partido político en los gobiernos municipales.
En conclusión: gobernar en el ámbito local exige profesionalizar a la administración pública, definir problemas con sentido público, gastar en rubros con mayor impacto social, asumir la responsabilidad de cobrar impuestos, gastar con honestidad y austeridad, planear a mediano y largo plazo, definir objetivos y metas, adoptar un sistema de indicadores de desempeño, evaluar el diseño, los procesos y resultados de las políticas públicas, ser transparente en el ejercicio de gasto; es decir, ser políticamente eficaz y ético y administrativamente eficiente y honesto. Finalmente, felicitamos a Pulso por sus 27 años de vida, testigo fiel de nuestra historia.
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