Preguntas.- ¿Qué tiene que ocurrir en San Luis Potosí para que el gobernador Carreras cumpla con su obligación y su juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes? ¿Después de un año de que el Frente Ciudadano Anticorrupción presentó las denuncias de 443 ciudadanos por la corrupción, por el enriquecimiento inexplicable y por el escandaloso caso de la compra de medicamentos a la proveedora fantasma Sandra Sánchez, después de que la Auditoría Superior de la Federación y la del Estado han reconocido múltiples irregularidades en sus 3 Cuentas Públicas de los años 16, 17 y 18, ¿por qué no han avanzado ni un ápice las denuncias presentadas por el FCA? ¿Cómo se explica que el gobernador Carreras no haya dado la orden terminante al Fiscal General del Estado y al Fiscal Anticorrupción para que dejen de obstruir la investigación de estos dos casos? ¿Existe entonces una confabulación institucional para encubrir el despojo y el saqueo de los Gallardo y cubrirlos con un manto de impunidad?
Si no es así, si las denuncias del FCA no proceden, o no tienen razón de ser, ¿Por qué guarda silencio el gobernador? ¿Por qué nunca localizaron a la proveedora fantasma Sandra Sánchez Ruíz para que aclarara esas sospechosas compras millonarias? En las distintas entrevistas que el FCA ha sostenido en todo el tiempo transcurrido tanto con el Fiscal General, Federico Garza H. como con el Fiscal Anticorrupción, Jorge Vera N., y con el propio Gobernador, para apremiarlos a que se integre ya la investigación, nunca han expresado que tales denuncias no procedan, o que los actos de que son acusados los Gallardo no son materia de investigación, simplemente se han concretado a dar largas, y a dar respuestas ambiguas y hasta irrisorias, si no fueran cínicas, como por ejemplo la expresada por el Visitador de la Fiscalía, de que “no han podido entregar los citatorios a Gallardo porque como vive en un fraccionamiento con caseta de vigilancia, los guardias de la entrada no les han permitido pasar y entonces no puede avanzar la investigación”, (Textual).
Vea usted, estimado lector, como un guardia del fraccionamiento residencial en que viven los Gallardo, tiene más poder y mas autoridad que un representante de la Fiscalía General del Estado. ¿Hay entonces algún arreglo o pacto oculto a los ojos de la ciudadanía para no aplicarles la justicia?
El despojo y la rapiña de que han sido objeto los dos ayuntamientos principales de nuestro estado, por la codicia desatada de los Gallardo, desviando recursos propiedad de los potosinos, que podrían haber aliviado algunas de las grandes carencias de servicios, como agua, drenaje, alumbrado público, etc. para miles de habitantes que aún carecen de ellos, se han invertido en grandes mansiones, en propiedades, terrenos, casas y departamentos para todos los familiares, como se documentó en las denuncias, con datos precisos y completos sacados del Registro Público de la Propiedad. Son mas de 66 propiedades adquiridas durante los 9 años que ambos funcionarios detentaron y abusaron del poder municipal, propiedades que se estiman por un valor superior a los 120 millones de pesos y mas de TRES MILLONES DE METROCUADRADOS en fincas suburbanas y urbanas.
Todos esos bienes, adquiridos con los desvíos del erario, son realmente propiedad de los ciudadanos potosinos y le deberían ser restituidos, si existiera en San Luis Potosí un Estado de Derecho.
El gobernador Carreras ocupa uno de los últimos lugares entre todos los gobernadores del país, en materia de combate a la corrupción y a la impunidad según agencias encuestadoras reconocidas.
Tiene la oportunidad en los tres años escasos que le quedan en el poder ejecutivo del estado, de quitarse de ese penoso lugar, si se decide a actuar en favor de la Ley y de la ciudadanía.
Los ciudadanos se lo sabremos reconocer. ¡De no ser así, como dicen al jurar el cargo, se lo habremos de demandar!
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