Un grupo de entusiastas ciudadanos consideró que para consolidar la fallida democracia mexicana, había que hacer algo más que salir a votar el día de las elecciones. Con el liderazgo de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (www.imco.org.mx), se desarrolló la propuesta y la estrategia “3de3”.
Originalmente se montó una página de internet en la que se solicitó a los políticos mexicanos, que voluntariamente publicarán tres documentos: su declaración patrimonial, sus pagos de impuestos y los posibles conflictos de intereses. Algunos integrantes de la clase política decidieron que valía la pena rendirle cuentas a los ciudadanos y entendieron que México requiere de una transformación profunda, que podría iniciarse con esta nueva cultura de transparencia. (Ver: www.tresdetres.mx)
Posteriormente, la propuesta evolucionó y se consideró formular una iniciativa de ley que regulara las obligaciones de los servidores públicos, así como el régimen de sus responsabilidades y sanciones aplicables. Se juntó a un grupo de destacados intelectuales para que elaboraran el documento, utilizando los estándares internacionales y las buenas experiencias de otros países en el combate a la corrupción.
Una vez que se concluyó el documento, había que recolectar firmas de la ciudadanía para que el Congreso de la Unión estuviera obligado a analizar la propuesta y determinar su aprobación o rechazo. Recuerdo el día que me reuní con Juan Pardinas, desbordaba de entusiasmo y optimismo por iniciar la recolección de firmas y me pidió que lo ayudara con el proyecto en San Luis Potosí.
Junto con otros ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, montamos un plan para conseguir el mayor número de firmas posibles. Muchas personas dedicaron largas jornadas los fines de semana en las plazas públicas, para invitar a otros ciudadanos hartos de la corrupción que prevalece en todas partes, a que firmaran y proporcionaran los datos requeridos. Acudimos a universidades, a las cámaras empresariales, con amigos y empresarios, para que ayudaron con la labor. Después de un gran esfuerzo, San Luis Potosí fue de los estados con más firmas recolectadas a nivel nacional.
Como es del conocimiento público, más de 600 mil mexicanos se sumaron al combate de la corrupción y avalaron la propuesta ley 3de3. La iniciativa se presentó formalmente ante el Congreso, para que se dictaminara junto con algunas otras propuestas que venían del Ejecutivo y de algunos partidos políticos.
En días pasados, el Senado discutió el proyecto de los ciudadanos y finalmente pudo más un grupúsculo pequeño de seudo representantes de la sociedad, que 600 mil mexicanos que estamos hasta la madre.
Lo que se aprobó realmente es letra muerta, pues si bien es cierto que se estableció la obligación para que los políticos presenten su 3de3, se les dio una herramienta preciosa para no hacerlo. El texto aprobado por la Cámara de Diputados, establece que si un funcionario considera que la publicación de su información, puede afectar su “vida privada”, queda exento de hacerlo. El concepto es más ambiguo y gelatinoso que nada, pues ninguna ley mexicana define lo que es vida privada. Lo que para usted amable lector es vida privada, para mí puede ser totalmente lo contrario, es decir, estamos ante la presencia de una construcción cien por ciento subjetiva.
Al tiempo y sin temor a equivocarme, le aseguro que los políticos de cepa de este curioso y raro país, se acogerán al beneficio que la ley les da para no publicar absolutamente nada. Adiós al 3de3 que los ciudadanos plantearon como herramienta mínima de rendición de cuentas.
La historia no termina ahí, adicionalmente los senadores, ya de madrugada cuando se discutía el tema de la corrupción en nuestro país, salieron con la “genial” idea de obligar ahora a los ciudadanos a publicar también su 3de3.
El artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aprobada, dice textualmente lo siguiente: “Están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración de situación patrimonial y de intereses ante las Secretarías u Órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la presente Ley: … b) Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios”.
Conforme a esta redacción, tenemos que una persona mayor de 60 años que reciba mensualmente dinero del gobierno por conducto de un programa de beneficio social, debe prepararse para redactar la lista de su patrimonio. Estudiantes becados por la federación o por su estado, vayan enumerando todo lo facturado a su nombre. También los empresarios que reciben pagos del gobierno de cualquier índole. Toda esa información quedaría a disposición del Ministerio Público y de Tribunales que la soliciten e incluso de la sociedad entera.
Ser ciudadano sale muy caro en este país. Resulta que más de 600 mil personas firman una iniciativa y al final del día la propuesta formulada no pasa, se les da atole con el dedo y se les impone una obligación que no existe en ninguna parte del mundo.
¿Quién se va animar a formular otra iniciativa ciudadana? Con este altísimo costo, resulta que ser ciudadano en México no conviene. El mensaje que mandan el PRI y el PVEM es demoledor: es inútil que la ciudadanía se organice, porque son herméticos a sus demandas. Se equivocan, lo que quedó demostrado es que lo realmente inútil es ese tipo de políticos.
Mientras ser un valiente ciudadano siga saliendo tan caro y ser un súbdito cobarde siga siendo altamente redituable, nuestro país seguirá padeciendo de políticos que solamente ven en el horizonte la forma de perpetuarse y continuar extrayendo rentas para su único y exclusivo beneficio.
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