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La organización Antorcha celebra que el Gobierno haya pagado un predio que ocupan familias precaristas desde hace más de diez años, pero el gobernador niega que tal operación se haya efectuado. en medio, los vínculos profesionales de los abogados del vendedor con el gobierno carrerista.
El 5 de junio de junio de 2012, Inmobiliaria Floypo obtuvo un amparo motivado contra un “futuro e inminente incumplimiento e inejecución” de un exhorto emitido en un juicio ejecutivo mercantil. La inmobiliaria, propiedad de Enrique Flores y Pontones, obtuvo una vía para exigir legalmente al Gobierno del Estado de San Luis Potosí que cumpliera con la disposición judicial de devolverle la posesión material y jurídica del predio rústico Las Palmas, ubicado en la fracción El Aguaje, municipio de San Luis Potosí, con una superficie de 6-42-72 hectáreas.
El terreno que reclama la empresa de Flores y Pontones fue ocupado por familias afiliadas a la organización precarista Antorcha. Para que la diligencia de desalojo dictada por el juez pudiera ser ejecutada, se giraron oficios al gobernador, al procurador de Justicia del Estado, al secretario General de Gobierno y al secretario de Seguridad Pública, a fin de que proporcionen al personal actuante y el auxilio de la fuerza pública necesaria para la operación requerida.
Incluso se hace una recomendación para los destinatarios de esa notificación, “tomando en cuenta que el predio motivo de la misma se encuentra ocupado (por aproximadamente 300 familias), en tal virtud, el número de elementos que proporcionen tanto el secretario de Seguridad Pública como el C. procurador general de Justicia deberá ser suficiente y superior a 500 elementos, lo anterior obedece a que en reiteradas ocasiones se ha intentado llevar a cabo la práctica de dicha diligencia y no se ha concretado con motivo de que las autoridades administrativas no han proporcionado el número de elementos suficientes para llevar a cabo la diligencia ordenada a buen fin”.
Dicho con menos volutas legaloides, la empresa exigía al gobierno estatal que cumpliera con su obligación de devolverle una propiedad de la que fue despojada, una vez dictaminado su derecho en un muy largo litigio. Según referencias en dictamen, hay indicios de las gestiones judiciales de la inmobiliaria para recuperar su posesión desde 2005. Fallos a su favor e instrucciones de un juez para la fuerza pública del Estado ya se habían obtenido desde entonces, pero el Gobierno no desalojó el predio.
Floypo consiguió exponer ante el juez federal que el Gobierno del Estado desatendía un mandato judicial al no proporcionar la fuerza pública suficiente para sacar por la fuerza a los ocupantes del extenso terreno.
En el amparo de 2012, el juzgador apercibe al secretario de Seguridad Pública y al procurador para que “en caso de no brindar el apoyo necesario y en los términos que se les solicita se harán acreedores a las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades a los servidores públicos, amén de que podrán incurrir inclusive en delitos del orden penal”.
Después de eso y más jaloneos en tribunales, Gobierno del Estado intentó el desalojo en favor de la empresa. El 29 de noviembre de 2012, policías estatales fueron recibidos por vecinos de la colonia Margarita Morán, en el predio, con barreras de fuego formadas con llantas, ramas, pedazos de madera y todo lo que se pudiera consumir. La operación no se realizó y el pleito en estrados continuó.
En noviembre de 2013, otro intento, presionado el Gobierno por la sostenida actividad de los abogados de la empresa. Misma historia: la policía no fue suficiente para disuadir a los colonos de resistirse. No iban a dejar sus construcciones y lo que habían levantado en una década. Un desalojo sólo hubiera sido posible con una dosis de violencia muy costosa para la administración torancista. Además, los colonos también se defienden en los tribunales y obtuvieron suspensiones una y otra vez; Antorcha asegura que los avecindados ahí fueron engañados por un sujeto que les vendió los solares.
Floypo presionó cuanto pudo con el argumento de la conducta omisa por parte del Gobierno y entonces vino una oferta de arreglo: el Gobierno podía quitarse de encima las acusaciones de omisión y el fantasma del desacato si estaba dispuesto a comprar el predio y solucionar así una larga lucha del propietario para recuperar algo. La vía propuesta no convenció a Toranzo y el sexenio se terminó con recursos de reclamación en tribunal colegiado y otros recursos.
Sin confirmación oficial, Antorcha anunció en febrero pasado que la empresa Floypo llegó a un acuerdo económico el 19 de enero de este año con Gobierno del Estado y con Antorcha, sin precisar la cifra. La organización, en su portal de difusión, asegura que “el gobierno aportó una parte del recurso y la organización de Antorcha otra parte del monto que pedía dicha inmobiliaria”. Funcionarios que tuvieron acceso a documentos de este asunto aseguran que la compra se realizó por una cifra cercana a 40 millones de pesos, mucho dinero para que no haya un informe oficial de ese gasto.
Antorcha y los colonos celebran que una vez conseguida la certeza en la propiedad, podrán regularizar el asentamiento llamado colonia Margarita Morán Véliz, y gestionar de pleno derecho la introducción de servicios públicos básicos para más de 400 familias.
Ayer los reporteros de la fuente de Gobierno del Estado le preguntaron al titular del Ejecutivo por la compra del predio. Juan Manuel Carreras lo negó. Más tarde, el boletín oficial 300416 de esa rueda de medios consignó: “Sobre la presunta compra de un terreno para donarlo a una organización social, dijo que no existe tal hecho y que la Secretaria General de Gobierno podrá informar de todas las acciones y apoyos de vivienda que se realizan dentro del marco legal en todo el estado para atender las necesidades independientemente de que pertenezcan a grupos sociales”.
¿Le miente Antorcha a sus representados del asentamiento en El Aguaje con la noticia optimista de un acuerdo económico sobre el predio? La organización ha celebrado el fin de esta larga lecha con un entusiasmo que no parece impostado. ¿Hay una operación inmobiliaria de millones de pesos que el gobernador no quiere reconocer? Y el dinero, si ya lo hubo, ¿de dónde salió?
La propuesta de arreglo económico ya había llegado a la mesa de Gobierno del Estado desde la anterior administración, pero no convenció al entonces titular del Ejecutivo. En el gobierno carrerista hubo, parece, un cabildeo más efectivo, con voces de mayor influencia, o más afines. El historial de amparo de la empresa permite identificar, en diferentes tiempos, a algunos abogados en ejercicio como patronos del demandante: Xavier Castro de la Maza Martínez Lavín de 2012 a abril de 2014, hoy delegado de la Secretaría de Economía; Germán González Marti del 29 de abril de 2014 al 19 de octubre de 2015, subsecretario Jurídico y de Servicios de la Secretaría General de Gobierno con Juan Manuel Carreras, y David Leonardo Castro García, abogado de Floypo en las más recientes actuaciones disponibles.
Colaboradores torancistas identifican a Castro de la Maza como quien promovió un arreglo económico en el gobierno anterior, pero no halló eco suficiente con los funcionarios de más influencia sobre Toranzo, encabezados por el secretario general, Cándido Ochoa Rojas.
Germán González Marti se separó del caso una vez que tomó posesión de su cargo en la administración carrerista. David Leonardo Castro García y Xavier Castro de la Maza Martínez Lavín son socios del despacho KNP Abogados, del que también es socio el diputado federal Xavier Nava Palacios (en receso profesional por actividad legislativa).
KNP tiene oficinas en la Ciudad de México, en Bosque de Raditas 44-401, Bosques de las Lomas, y en San Luis, Francisco P. Mariel 13º, una casona de la colonia Moderna.
Germán González Marti se asoció con Xavier Nava Palacios para formar el despacho de consultores Nava y González Marti S.C., cuyo directorio tiene entre sus miembros a cuatro abogados que también aparecen en KNP Abogados, además de la misma dirección de contacto en el DF, Bosque de Radiatas 44. Son diferentes y lo mismo.
KNP fue inaugurado en diciembre de 2014 como “una simbiosis de bufetes de abogados”, según explicó en esa ocasión Xavier Nava Palacios. Un consocio de unos 30 abogados, entre ellos Germán González Marti y Xavier Castro de la Maza. “Nace de la fusión de los despachos Nava y González Marti y Palacios y Castro de la Maza S.C.”, explicó una nota de sociales de aquel evento inaugural.
El abogado de las operaciones más recientes, David Leonardo Castro García da como domicilio para notificaciones Francisco P. Mariel 130, el domicilio de KNP. La vinculación profesional con el subsecretario González Marti es evidente. Razón demás para que si hubo una operación inmobiliaria del Gobierno relacionada con sus actividades y nexos como litigantes, el jefe de este gobierno procurara una explicación clara, abierta y que no deje lugar a conexiones de interés.
Carreras lo negó todo y remitió a los reporteros con el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, el jefe de Germán González Marti. A lo mejor él sí sabe de qué va este asunto.
