Haya o no haya materia para girar una orden de aprehensión, los cierto es que el ex diputado local de San Luis Potosí, José Luis Romero Calzada, libra una batalla legal para evitar ser detenido por cualesquiera de las acusaciones que pudieran pesar en su contra y que ameriten alguna pena privativa de la libertad o en su caso, una resolución de prisión preventiva.
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Conocido como un empresario y político de no muy buenos modos, cuestionado en su actuar como legislador local y también por algunos previos actos de prepotencia que incluyen la violación de una cadena de custodia y una intromisión en el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” para exigir privilegios de atención a un paciente, Romero Calzada enfrenta ahora el término de su cargo público y la extinción del fuero constitucional para legisladores locales.
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Mientras ello ocurre con el ex diputado y empresario relacionado con los hidrocarburos, la venta de gasolina en San Luis Potosí parece mantenerse en sus niveles acostumbrados, con la salvedad de la aparición de propietarios de camiones de remolque procedentes de Guanajuato y otras entidades vecinas, agobiadas por la crisis de combustible desatado por el operativo contra el huachicoleo, quienes llevan recipientes hasta de mil litros para conseguir gasolina, mágicamente presentes como mayoristas, ¿para revenderla?.
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Una operación riesgosa de un concesionario de una estación en San Luis Potosí, deberá ser advertida con tiempo y evitada por las autoridades. Si bien no hay un policía por cada habitante de la entidad, no está de más mantener los ojos abiertos para evitar que un concesionario caiga en las redes de los compradores de gasolina a gran escala, la venta en bidones, cubetas, tambos o hasta tinacos, y permita que un revendedor la transporte por las carreteras. La eficacia se verá reflejada en la rapidez con la que actúen las corporaciones policiales.
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El rediseño de las políticas públicas para combatir la pobreza debería incluir a los municipios expulsores de migrantes, considerando a todos los potosinos que viven en el extranjero, de los cuales, el 16 por ciento nació en la capital. Obvio, ese porcentaje es muy bajo y poco significativo, si el número de migrantes salidos de la ciudad hacia poblados estadounidenses, se le compara con el número de capitalinos que viven en la zona urbana de la capital.
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Sin embargo, en municipios donde hay pocos pobladores, pero llevan cantidades tales como el 10.8 por ciento de paisanos radicado en Estados Unidos, pero sólo son originarios de Rioverde, es urgente aterrizar programas públicos para retener a los potosinos en su propia tierra. Si por ejemplo los residentes en el extranjero fueran 400 mil potosinos y de ellos 16 por ciento son de la capital, habría aproximadamente 65 mil potosinos allá, pero si el 10 por ciento son de Rioverde la cosa es seria, porque sería 40 mil, y representan un alto porcentaje de la población de aquel municipio.
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¡¡HASTA MAÑANA!!
