El caso de un niño hondureño que cuenta con seis domicilios distintos en San Luis Potosí ejemplifica las dificultades que enfrentan el gobierno y organizaciones civiles de Estados Unidos para reunir a a las familias recientemente separadas en la frontera con México, reseña un reporte de AP.
De acuerdo al texto, dependencias de la administración de Donald Trump y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se achacan mutuamente la responsabilidad de reunir a las familias mexicanas y centroamericanas separadas al ser detenidas intentando cruzar ilegalmente la frontera.
Medios estadounidenses afirman que unos dos mil 500 niños fueron separados de sus familias la primavera pasada, como parte de la política de Tolerancia Cero a la inmigración ilegal hacia el vecino país.
El gobierno de Trump cedió a la presión interna y externa contra esa medida, pero el problema ahora es reunir a los niños con sus familias, algunas de las cuales ya fueron deportadas de Estados Unidos.
La administración Trump y la ACLU revelaron estrategias divergentes para lograrlo.
El gobierno estadunidense señala que la ACLU debe usar “sus considerables recursos” para encontrar a los padres en países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
La ACLU, que demandó penalmente al gobierno de Trump por esta medida, exigió en cambio, “pasos firmes” del gobierno para realizar esta tarea por su cuenta, como “último responsable” de la separación.
La organización culpó al gobierno estadounidense de proporcionar datos inútiles en una base de datos con los supuestos domicilios de 120 familias involucradas en bases de datos recabadas en el proceso de deportación.
Entre estos datos están domicilios en “calles sin nombre”, con la indicación de “domicilio conocido” o, en el caso de un niño hondureño, con seis domicilios distintos en la capital de San Luis Potosí.
Este caso, señala el texto, refleja la complejidad de la tarea de reunir a estas familias con sus hijos.
