Abogados, académicas y feministas reprobaron la propuesta del diputado priista José Luis Romero Calzada, sobre la castración química como castigo para quien cometa delitos sexuales, atenta contra los derechos humanos.
Urenda Navarro Sánchez, académica de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, consideró que más que plantear acciones punitivas, el Estado debería de crear protocolos de actuación contra los agresores o darles un seguimiento.
“Creo que no estamos en la época de la ley del Talión ni mucho menos (…) En México ese tipo de penalidades están completamente prohibidas (…) Es una medida que atenta contra los derechos humanos. Así sea un imputado o señalado en la comisión de un delito, pues es una persona que sigue gozando derechos humanos”, señaló.
Arely Torres Miranda, consejera social del Instituto Nacional de la Mujeres, recordó que en 2009 se planteó una iniciativa similar en el entonces Distrito Federal, que posteriormente fue desechada en el Poder Legislativo local.
“Amnistía Internacional la califica como un tratamiento inhumano”, indicó la entrevistada.
Por su parte, líder de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, Martín Vaca consideró que la iniciativa es un retroceso porque va en contra de la dignidad de las personas y los derechos humanos.
