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Hasta abril de 2017, los presuntos agresores de periodistas y activistas eran servidores públicos, en uno de cada tres casos, según el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), valoró María Elena Morera, titular de la asociación civil Causa en Común.
La activista puntualizó que la inseguridad en el país se ha agravado, pues durante los primeros cinco meses de 2017, se acumulan 9 mil 916 homicidios dolosos, «si comparamos esta cifra con la del mismo periodo de 2016, tenemos un incremento de 22 por ciento», recalcó.
Citó que el informe 2016 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) evaluó a México como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, nación donde los comunicadores sufren múltiples acciones de intimidación, amenazas y privación de la libertad.
Recordó que de 2010 a la fecha, han sido asesinados 107 periodistas en el país, de los cuales 2 de cada 3 se suscitaron en cinco estados. En Veracruz 22; 10 en Guerrero; 3 en Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca, según la organización Artículo 19.
Durante su intervención en el Segundo Encuentro de Periodistas, organizado por la Red de Periodistas del Noreste y el Consulado de Estados Unidos en México con sede en Monterrey, señaló que matar a un periodista además de ser una tragedia familiar, personal y comunitaria, es un atentado contra la libertad fundamental de interés público.
«Estamos hartos de lo que está sucediendo, es verdaderamente frustrante para los que estamos en esto, que pasan los años y pasan los sexenios. No logramos construir como país la paz que necesitamos», lamentó.
