La diputada panista Josefina Salazar Báez presentará mañana ante el Pleno del Congreso del Estado, una iniciativa para obligar a las autoridades y entidades públicas, a difundir de oficio todos los donativos que reciban de personas físicas o morales e instituciones públicas.
Ello incluiría información sobre donativos en efectivo, depósitos financieros, en especie, servicios, o de cualquier otra naturaleza.
Argumenta que su propuesta de modificación al artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se basa en que «en los actuales tiempos que vivimos en los que las instituciones pueden ser vulnerables a manejos administrativos o financieros irregulares cuando la legislación es ambigua u omisa».
Consideró inconveniente permitir que las insuficiencias normativas «sean el recoveco que permita la realización de prácticas anómalas para el buen manejo de los recursos públicos».
Enfatizó que los donativos, dentro de condiciones específicas, «pueden ser producto de acuerdos extra institucionales y fuera de la legalidad que aprovechen la opacidad para servir a otros propósitos distintos al bien público. En ese escenario se producen problemas de conflicto de intereses, y se desvirtúa el actuar y la propia razón de ser de las instituciones públicas. Si bien, no todas las circunstancias en que se realizan los donativos producen estos efectos negativos, es importante fortalecer la transparencia para evitar los actos opacos y ocultos que comprometan a las instituciones, y por otro lado, para reconocer a quienes realicen donaciones movidos solamente por un ánimo de apoyo y cooperación».
Recalcó legislación local, no hay un solo dispositivo que regule la transparencia de los donativos.
En fechas recientes, autoridades locales han mencionado en entrevistas con medios de comunicación, el apoyo de patrocinadores para financiar eventos como el Festival «Carmelight» 2015, la marcha zombi y las recientes ediciones de la Feria Nacional de la Enchilada.
