Luego de la denuncia que presentó la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental hace una semana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inició su primera inspección a los terrenos donde será desarrollado el fraccionamiento residencial “Gran Peñón”.
La investigación inició una vez que el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez recibió la denuncia por la afectación al suelo de la zona, en un proceso constructivo que iniciaría sin permisos concedidos por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y sin estudios de impacto ambiental.
Aquella ocasión, el procurador federal habló de sanciones que van desde clausuras y multas hasta las punitivas contenidas en el Código Penal Federal, que procederían contra los constructores de fraccionamientos en la sierra del sur de la capital potosina, si se comprueba que incumplieron la normatividad ambiental y los permisos, en el entendido de que hay construcciones irregulares que no cuentan con la manifestación de impacto ambiental o que no tienen el cambio de uso de suelo expedido por la instancia ambiental federal.
Lo que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente es una multa y en su caso, si hay construcción en terrenos forestales sin permiso, es un delito ambiental previsto en el Código Penal Federal.
